El Gobierno presentó una reforma constitucional para que los costarricenses puedan ser entregados a otros países por más delitos, además del narcotráfico y el terrorismo.

El Gobierno presentó una reforma constitucional para que los costarricenses puedan ser entregados a otros países por más delitos, además del narcotráfico y el terrorismo.

Impulsada por la presidenta Laura Fernández, la reforma pretende que la nacionalidad no sea un escudo para eludir la justicia extranjera.