Este 2026 la infiltración del crimen organizado en Perú debilita la soberanía estatal, facilitada por la corrupción policial y judicial, y el control operativo de bandas desde la minería ilegal. Hay complicidad de funcionarios y fuerzas de seguridad que otorgan protección en rutas y territorios mientras redes mafiosas continúan expandiendo economías ilegales.