"Existe la obligación democrática de que las autoridades deban entregar información verídica y con rigor técnico, respetando la separación de poderes y sobre todo evitando confundir a la opinión pública con fines ideológicos", sostuvo la exautoridad.

El ministro de Justicia además sostuvo que "hubo por lo menos 15 meses que esta información estuvo en la Subsecretaría de Derecho Humano y no se reaccionó prontamente".

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