El Ejecutivo como árbitro y rector de la comunicación, escribe José Carreño Carlón

Censurar en nombre de la audiencia. La reconocida académica Fátima Fernández Christlieb, rigurosa, insobornable pionera en México de los estudios de los medios de comunicación llamó hace medio siglo la atención sobre la habilidad, sumada al poder, que iban acumulando los conglomerados de radio y televisión como grupos de interés (y de presión) en su alianza no siempre tersa con el poder político. Aún con la merma de poder de estos ahora llamados medios convencionales (frente al poderoso espectro de las telecomunicaciones), se inscribe en aquellos añejos usos y costumbres la respuesta que dio ayer la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), a unas horas de presentada la propuesta presidencial de ‘Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias’. Tal como están, sostiene la CIRT, podrían poner en riesgo la libertad de expresión.¿Rocha Moya en calidad de ‘audiencia’? En efecto, todo indica que la paternalista ‘protección de las audiencias’ se perfila de tiempo atrás como el nuevo amuleto del régimen contra la crítica y la pluralidad. Ya una vez la Presidenta la esgrimió para defenderse —como ‘audiencia’, ella misma— de un cuestionamiento a su gestión. Y, llevado a la parodia, que en este régimen siempre puede tornarse drama —o tragedia— nada más faltaría invocar la protección de los derechos de ‘la audiencia’ de alguien a quien llamaremos Rocha Moya porque un periodista no distinguió información de opinión al referirse al indiciado. ¿No más ‘presidente en turno’? El hoy mermado poder y ahora disminuida habilidad de la CIRT para negociar y ejercer presión sobre el régimen tiene varias raíces. Entre ellas, el mencionado desplazamiento de los llamados medios convencionales por los digitales. Más el condicionamiento de los dueños de las empresas de radio y tele por la diversificación de sus negocios, con frecuencia dependientes también de concesiones y contratos del estado. Y algo más nuevo. El vínculo de la industria se personalizaba en el pasado con el presidente en turno, un dato nada trivial: el ‘turno’ de cada presidente duraba seis años mientras el poder de las detentadoras de los medios era transexenal y avanzaban en su poder e influencia con cada nuevo presidente. Poderes transexenales. En cambio, ahora, la presión iniciada ayer mismo, es con un poder político tan transexenal como el de la industria. Y ésta tiene poco qué ofrecer. Porque buena parte de sus empresas ya han cedido bastante al avance de las posiciones y contendidos oficialistas. Y porque el régimen ya ha recobrado su preponderancia en la definición de la agenda pública y la exclusión o satanización al aire, de ‘enemigos’ del poder: una fórmula iniciada en los medios otrora públicos, hoy del activismo oficial, en expansión también en los medios comerciales. Se restablece lo que hace casi 50 años llamamos un “complejo político empresarial de control de los medios”, con el mando político como árbitro y rector supremo.Un paso más. A ello conducirían estos lineamientos, explica la CIRT, que permitirían al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada y dejar al defensor de las audiencias de cada medio “subordinado a la autoridad”. ¿Un paso en firme o de un globo sonda para marcar la ruta del siguiente avance a la dictadura? En su rápida respuesta a la propuesta de ‘Lineamientos papa la protección de los derechos de las audiencias’, la CIRT llama a evitar “una regresión democrática”. Académico de la UNAMÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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