La iniciativa busca distinguir el pago obligatorio de la cuota del FMI del excedente político del acuerdo 2018, priorizando un plan sostenible sin ajustes sociales y promoviendo mayor transparencia y corresponsabilidad entre deudor y acreedor.

En el sector privado predominan las dudas sobre el alcance de la medida.

Los funcionarios públicos están incluidos en los beneficios de la iniciativa que tratará la Cámara de Diputados. Alcanza a contribuyentes de mayor capacidad económica.