La diligencia estuvo dirigida sobre la provisión de 6.000 cargos y un multimillonario contrato para el servicio de escoltas.

El presidente electo ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pedir vigilancia preventiva sobre contratos.

La principal preocupación tiene que ver con el servicio de escoltas para las zonas de protección del presidente de la República.