Reflexiones sobre la constitución de partidos, escribe Giovanni Hernández

El pasado 25 de junio el INE aprobó el registro de dos nuevos partidos políticos y negó esa posibilidad a otros dos. Ello, después de una intensa labor de las organizaciones que pretendían constituirse como partido. Sin embargo, este proceso hizo evidente la problemática para la constitución de un nuevo partido, pues sólo el 2.1% de quienes presentaron intención tienen hoy su registro. De las 91 organizaciones que presentaron su intención sólo nueve celebraron algún tipo de asamblea. Además, sólo cuatro de ellas presentaron más de las 256,030 afiliaciones requeridas y, las asambleas necesarias. Pese a ese esfuerzo, la mayoría del Consejo General del INE decidió que sólo dos cumplían los requisitos, es decir, el 2.1% de quienes presentaron intención. El porcentaje tan bajo se explica dado tres conjuntos de impedimentos que vivieron: 1) errores en el diseño legislativo, 2) obstáculos sociales y políticos y 3) cerrazón de quienes votan el registro. El diseño legislativo es único en la región. Somos el único país en América Latina que solicita al mismo tiempo un número mínimo de afiliación con una dispersión determinada y pide un mínimo de Asambleas con designación de miembros para una constituyente, todo ello bajo un riguroso esquema de fiscalización. El proceso 2025-2026 hizo notorio que la ley y el Instructivo aprobado por el INE es insuficiente y desactualizado. Para corroborarlo basta con ver que a la fecha no se han resuelto todas las quejas presentadas por supuestas indebidas afiliaciones o por aportaciones no reconocidas o por entes no permitidos. Lo peor no es que se haya otorgado o negado el registro con quejas pendientes por resolver, sino que el INE sea incapaz de aprobar plazos fijos tanto para la presentación de quejas como para su resolución. No existe la certeza, ni los elementos suficientes para saber si el INE hizo bien o mal en los registros. Por ejemplo, se denunció la supuesta afiliación de personas ministras de culto y sin tener el resultado de la investigación y de forma ambigua se aventuró a decir en el dictamen que esta condición sí se acreditaba para una organización. Así, sin resolución al respecto y sin ser un argumento que todas las personas con derecho a voto conocieran -así no se convocó ni a comisión ni a comisión-. Para referirnos del segundo aspecto tenemos que decir que un partido político presentó 97 mil afiliaciones duplicadas, y fuera de los parámetros de la ley para solicitar que se le validaran y no fueran contabilizadas para las organizaciones que pretendían construirse como nuevo partido. Las presentó sin cumplir con los requisitos de la ley y de los Lineamientos del INE mediante documentos recabados y enviados mediante USB. Esto tenía dos efectos concretos: 1) restar afiliados a las organizaciones y que la cifra no cumpla con el mínimo de afiliaciones requeridas y 2) al perder afiliados perdían quorum legal para declarar validas sus asambleas. De la misma manera se presenta un fenómeno social que todos sabemos, pero nadie afronta: “la inseguridad”. Se solicitan 200 asambleas distritales con 300 afiliados o 20 asambleas locales con 3 mil afiliados, ello requiere necesariamente de recorrer todo el país, incluso, aquellas zonas con altos índices de inseguridad. Es decir, nadie habla de los cobros de piso y del costo de realizar una asamblea en términos del crimen organizado. Nadie reporta el gasto y nadie lo fiscaliza. Por último, es necesario referirse al desaseo que hubo en el trámite de las resoluciones. Falta de seriedad al querer detener la sesión de la Comisión por una información que llegó de última hora de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que nadie supo explicar, cambios de criterios entre comisión y consejo, entre muchas otras. La que más llama la atención es el tratamiento diferenciado entre las cuatro organizaciones finalistas. A una organización se le imputó el uso de las siglas de la presidenta, se le invalidaron dos asambleas por entrega de dádivas y que, además, tienen procedimientos sancionatorio sub iudices por afiliaciones indebidas como afiliaciones de ministros de culto se le otorgó el registro; mientras que a otras dos por faltas similares se les negó. ¡Doble rasero! Aquí los verdaderos perdedores son las y los mexicanos que dejan de tener una oferta política más amplia. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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