La historia nos ha demostrado que ningún país puede construir su futuro en medio de una inestabilidad permanente. El crecimiento económico, la inversión, la ejecución de políticas públicas y la atención de las necesidades de la población requieren una condición previa: estabilidad política e institucional, respeto por las reglas democráticas y la capacidad de construir acuerdos que trasciendan la coyuntura. Cuando esos elementos se debilitan no solo se deteriora el debate público, sino también se limita la capacidad del Estado para responder a las demandas de los ciudadanos y se resiente la confianza en las instituciones.