Un recorte de ¢26.549 millones al presupuesto del Poder Judicial para el 2027 podría implicar el cierre de oficinas judiciales, la pausa en proyectos de infraestructura, obstáculos en las investigaciones criminales y en los operativos policiales. Así lo advirtieron el director de Planificación del Poder Judicial y directora ejecutiva de ese poder de la República en entrevista con este diario.