La proscripción de Cristina Fernández de Kirchner constituye un problema que excede la situación judicial o electoral de una dirigente en particular. Su principal consecuencia radica en el deterioro de la calidad democrática, ya que un proceso electoral en el que la principal referente de una fuerza política con amplia representación social no puede competir restringe la capacidad efectiva de elección de una parte significativa de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, la democracia no se reduce a la realización periódica de elecciones, sino que exige que las distintas corrientes políticas puedan disputar el poder en condiciones de competencia efectiva. Cuando uno de los principales actores queda excluido de la contienda, el resultado puede conservar legalidad formal, pero pierde parte de su legitimidad política, generando gobiernos cuya representación aparece condicionada desde su origen.