La decisión la profirió la magistrada Fabiola Márquez, cercana a Gustavo Petro.

La denuncia argumenta que el mandatario se extralimitó en sus funciones al afirmar que las elecciones fueron fraudulentas.

La actuación se originó tras una denuncia que cuestiona aportes de empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Colpatria.