La actuación se originó tras una denuncia que cuestiona aportes de empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Colpatria.

La actuación se originó tras una denuncia que cuestiona aportes de empresas vinculadas al Grupo Bolívar y Colpatria.

La decisión la profirió la magistrada Fabiola Márquez, cercana a Gustavo Petro.

El mandatario afirmó que respetó los topes de financiación electoral y defendió la contratación del Distrito.