El fisco también gana cuando pierde, escribe Eduardo Andrade

Una de las razones de la reforma judicial fue la búsqueda de juzgadores con sensibilidad popular que pongan en práctica la consigna constitucional de que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. En materia económica, ello supone hacer realidad preceptos fundamentales de nuestra Constitución que dan prioridad al interés general sobre el particular y encargan al Estado —como garante de los intereses populares— la rectoría económica. Con base en esa concepción jurídico-constitucional debe aplicar el derecho el renovado Poder Judicial, pero aplicar, no desconocer lo que prevén las normas. En el interés superior del pueblo está que el derecho se respete y al Estado le corresponde hacerlo respetar, por eso se llama Estado de Derecho. Estar a favor del pueblo contraviniendo el derecho es contradictorio. El interés popular no se sirve atropellando antijurídicamente los derechos particulares. Cuando el juzgador se aparta del recto camino del derecho, entra a la ruta que conduce a la inseguridad jurídica. El mayor valor que debe inspirar al orden jurídico en un Estado democrático es la certeza. Por eso fue tan importante la decisión tomada el jueves pasado por el Pleno de la Corte en el caso de un crédito fiscal que una sentencia administrativa firme había considerado nulo porque la autoridad rebasó el tiempo para su liquidación, y ahora pretendía su revisión contra lo previsto en la ley. Por supuesto que es de interés popular que los impuestos se paguen debidamente por quienes estamos obligados a hacerlo; pero debidamente, no indebidamente. El pueblo tiene interés en que el fisco recaude, pero no a toda costa. Si el fisco pierde un litigio no debe dársele el poder de “arrebatar”, porque entonces pierde la seguridad jurídica y perdemos todos. Cuando el fisco es derrotado en buena ley, gana la certeza jurídica. Quien, de acuerdo con la ley, cumple sus obligaciones fiscales estará tranquilo al saber que no será víctima de una autoridad arbitraria avalada por los jueces. Para la economía esto es vital, pues asegura la estabilidad, como lo dijo la ministra Yasmín Esquivel al mandar un mensaje a favor de la seguridad jurídica “porque de esa certidumbre somos garantes los tribunales de la federación, ya se trate de empresas grandes o pequeñas, de personas particulares emprendedoras que también arriesgan sus ahorros, todas las cuales deben estar tranquilas de que cuando obtengan sentencias favorables de parte de los tribunales imparciales y que actuaron con pleno respeto a la legalidad, esta Suprema Corte no modificará lo ya decidido.” Si los actores económicos tienen la certeza de que cumpliendo la ley no verán sus derechos afectados por los juzgadores, gana la economía del país y también el fisco. Desconocer la cosa juzgada en un solo caso, crearía un ambiente de incertidumbre que acabaría por afectar la recaudación y eso no le conviene al pueblo. Por eso es que hasta perdiendo…el fisco gana. Investigador de El Colegio de Veracruz y Magistrado en Retiro. @DEduardoAndradeÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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