Keiko entre dos fueros

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema acaba de dar a conocer un fallo que viene a ser un ejemplo más de la mediocridad y displicencia con las que el Poder Judicial asumió casos de violaciones de derechos humanos durante los años de combate al terrorismo, con grave afectación tanto de víctimas como de imputados. Ha ordenado un nuevo juicio por el asesinato de Pedro Huilca, cometido el 18 de diciembre de 1992, cuando era secretario general de la CGTP y Alberto Fujimori gobernaba. Un crimen de hace 33 años seguirá sin un pronunciamiento definitivo. ¿Por cuánto más? Nadie lo sabe. Al margen de las razones invocadas para anular lo actuado, este tipo de procesos interminables son los que dieron pie –en parte– a la aprobación por el Congreso de una ley inconstitucional que llevará al fuero privativo todo tipo de infracciones de militares y policías, incluidas las que constituyen delitos comunes. Las resoluciones serán sin duda más rápidas, aunque controversiales y, a la postre, una fuente de conflictos para el gobierno que comienza.

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