Aunque la sordoceguera es reconocida por ley como una discapacidad única en el Perú, miles de personas siguen enfrentando barreras para estudiar, trabajar, atenderse en salud o simplemente movilizarse. Especialistas advierten que el subregistro limita políticas públicas. Y los casos de Eugenio Julca y Julio Arana evidencian cómo la falta de guías intérpretes, ajustes razonables y personal capacitado mantiene a esta población en una inclusión todavía incompleta.