El registro de celulares es una buena política pública con mal diseño e implementación, escribe Francisco Rivas

Hoy 30 de junio, se cumplía el plazo final para ligar cada una de las líneas de celular del país a los datos personales de un usuario. Dada la muy baja participación de las personas en dicho proceso, desde Palacio Nacional se anunció que (1) se extendía el plazo de manera escalonada -según la terminación del propio número telefónico- y (2) que las líneas que cuenten con un plan, se registrarían automáticamente por parte de la empresa que otorga el servicio. La controversial medida -ya intentada y fracasada en los sexenios de Calderón y Peña- se adscribe a la política de combate a la extorsión y otros delitos. El gobierno federal ha insistido en que un mayor control sobre la propiedad de las líneas de celulares permitiría identificar con mayor eficacia quién comete los delitos en México. Sin embargo, la baja participación ciudadana en parte se asocia a factores como el desconocimiento y la dificultad de hacer el registro, al desinterés o a la expectativa que el plazo se ampliase -ya que en nuestro país la mayoría de fechas límite son meras sugerencias-. Para otro importante grupo de personas, la medida genera rechazo por no querer compartir tal nivel de información personal, por la preocupación de cómo serán usados sus datos, cómo serán resguardados y con qué nivel de seguridad serán protegidos. ¿Es cierto que un mayor control ciudadano facilita el combate a los delitos? ¡Indudablemente! Pese a ello, la preocupación manifiesta por millones de ciudadanos es fundada y legítima. Tomemos como ejemplo el combate al terrorismo en Italia en los años 70 del siglo pasado. En el país europeo nació un movimiento terrorista de extrema izquierda conocido como le Brigate Rosse (las Brigadas Rojas), por más de una década sumió al país en el miedo debido a su nivel de eficacia en atentados, secuestros y magnicidios. Su hito lo alcanzaron con el secuestro y homicidio del ex primer ministro, líder del partido hegemónico, Aldo Moro y de 5 personas de su escolta. En dicho contexto, el parlamento italiano aprobó medidas más estrictas, endurecimiento de las sanciones y registros mucho más específicos sobre quién ocupaba tal inmueble, a qué título y por cuánto tiempo. En este último caso en particular, el dueño de cada inmueble tenía la obligación de registrar a cada persona que pasase más de 48 horas en tal domicilio. De no hacerlo el propietario recibiría multas y podría ser considerado como cómplice de cualquier delito cometido por cualquiera de los ocupantes de dicho domicilio. El objetivo de esa medida era rastrear a los presuntos integrantes de le Brigate Rosse, localizar posibles “casa de seguridad” e inhibir complicidades y protección a los mismos. Tal conjunto de medidas permitió que en el lapso de pocos años el Estado italiano pudiese desmantelar por completo al grupo, sancionar a la mayoría de sus integrantes y llevar a tasa 0 delitos como el secuestro. El registro aún sirve, dejó de ser un trámite manual para convertirse en un proceso electrónico que se integró a otros sistemas que permiten prevenir delitos. Es importante señalar que a la fecha no hay evidencia de que tales registros hayan sido difundidos ilegalmente, ni cuando se registraban a mano ni ahora que se resguardan en el espacio virtual. En nuestro país, la situación es indudablemente diferente, sobran casos en donde nuestra información ha sido vulnerada, registros de los votantes, de los derechohabientes a los programas sociales e incluso de este mismo registro de líneas de celular -que en días pasados ya fue vulnerado-. En México, los ciberdelitos ocurren con relativa facilidad y quedan en absoluta impunidad. No importa su gravedad, quien los comete logra dañar sin pagar las consecuencias. Otro ejemplo tangible es el caso de Guacamaya Leaks. Sin importar que el delito se cometió en contra del ejército mexicano, que implicó el robo de varios terabytes de información sensible -que afectó a varias instituciones y a muchos políticos en lo individual-, los hackers quedaron impunes. Además, un registro de líneas telefónicas asociadas a la extorsión existe desde hace décadas, sin que la denuncia de tales números permita una pronta atención a las víctimas o tan sólo que lleve a la cancelación de dicho número telefónico. Cuando se denuncia nos enteramos de que esa línea ya había sido denunciada infinidad de veces. Ante todos estos argumentos sigo pensando que sí, que debemos registrar nuestras líneas. Personalmente creo que la ley sí es la ley y que toda norma debe ser respetada, aun cuando parezca no convenirnos. No obstante, entiendo perfectamente la preocupación de las personas, el miedo a que esos datos que compartimos con la autoridad sean usados para robarnos la identidad, para facilitar la extorsión, para afiliarnos sin nuestro consentimiento a algún partido político. Lamentablemente el registro de los celulares es una política pública con muy mal diseño e implementación. Si verdaderamente se buscaba construir un buen instrumento de combate a los delitos, antes se debía garantizar el debido resguardo de los datos, los mecanismos para que las autoridades de seguridad accediesen a ellos sin vulnerar la privacidad de los usuarios y se debía diseñar un sistema que permitiese evaluar el desempeño e impacto de esta medida. Dicho en otras palabras, sí o sí a los mexicanos nos toca asociar nuestros datos personales a nuestras líneas de celulares. ¿Ello reducirá las extorsiones y los delitos? Esperemos que sí, aun cuando la evidencia no apunta a que el registro cumplirá con su objetivo. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Raccontata daeluniversal.com.mx