Se destruye la Justicia, se acaba la transparencia

El gobierno en estos casi 30 meses de gobierno ha conseguido destruir mucho más de lo que construyó. Los logros macroeconómicos son su principal capital, pero frente a lo destruido se relativizan, especialmente porque esos logros económicos no impactan aún en la vida de la gente. En cambio, lo que se destruye, como por ejemplo la salud y la educación que se registran rápidamente en la vida cotidiana de las personas. Dentro de los cambios drásticos que el gobierno de Milei ejecutó en el área de la administración de justicia, el reciente decreto que firmó junto con su ministro de justicia cambió sustancialmente el mecanismo de elección de jueces, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del resto de los jueces. La eliminación del escrutinio público que implica la publicación de los antecedentes y la posibilidad que distintos sectores de la ciudadanía opinen sobre ellos es un elemento clave para mejorar la transparencia de esta elección, independiente de los resultados. A esto se suma la eliminación de que el ejecutivo considere las variables de género, especialidad y procedencia, como considerandos para asegurar una representación más diversa y que exprese mejor la representación nacional. Frente a esto ahora el principal y único aspecto será la valoración exclusiva y sin control de quienes deben rendir cuentas. Esta nueva modalidad es de aplicación inmediata, por lo tanto, se aplicará para la designación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto indica la gravedad del cambio ya que ahora se elimina toda posibilidad de opinión sobre los candidatos por parte de las organizaciones de la llamada “sociedad civil”, que es mucho más que las organizaciones de distinto tipo de interés; abarca a la Academia, a los partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales, a las organizaciones protectora de diferentes grupos de población, y de otro tipo, en fin de una gran diversidad.

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