La extorsión se ha convertido en uno de los flagelos más devastadores de la seguridad ciudadana en el Perú. Comerciantes, transportistas, empresarios, docentes, agricultores: nadie parece estar exento del alcance de las mafias que imponen su ley a través del miedo. Frente a este fenómeno, el Estado ha respondido, durante demasiado tiempo, con herramientas dispersas, organismos desarticulados y procesos lentos que alimentan la impunidad. Por eso, la creación del Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos, mediante el Decreto Legislativo N.° 1735, representa un punto de inflexión en la historia de la justicia penal peruana.