Los desaparecidos merecen volver a casa, escribe Jorge Romero Herrera

Mientras los reflectores del mundo apuntaban hacia México por la festiva inauguración de la Copa Mundial de Futbol con estadios plenos de alegría y júbilo, hubo otra imagen que también saltó a las calles de nuestra ciudad y que merece ser vista con la misma atención. Los cientos de rostros de madres buscadoras exigiendo con fotografías en las manos y con lonas sobre los hombros una sencilla pero devastadora demanda: que les devuelvan a sus hijos.Ese contraste dice mucho sobre el momento que vive nuestra nación. Por un lado, un gobierno empeñado en proyectar una imagen de normalidad y éxito ante la comunidad internacional; por el otro, miles de familias que siguen esperando una respuesta que no llega y que, ante la ausencia de las instituciones, han tenido que convertirse en investigadoras, peritos y brigadistas para buscar a quienes desaparecieron, con el riesgo de perder su propia vida.No hay ceremonia capaz de ocultar esa realidad. Mientras en los discursos oficiales se hablaba de celebración, modernidad y prestigio internacional, las calles también fueron escenario de manifestaciones de docentes, jubilados, trabajadores afectados por decisiones gubernamentales y, especialmente, de colectivos de familiares de personas desaparecidas. Su mensaje era claro: antes que cualquier espectáculo, México necesita verdad y justicia.Lo más preocupante no fue únicamente la protesta. Fue la ausencia de voluntad política para escucharla. Las madres buscadoras no pedían privilegios ni protagonismo; pedían diálogo. Pedían que las autoridades las recibieran, que atendieran sus demandas y que asumieran con seriedad una crisis que lleva años creciendo. En cambio, encontraron indiferencia, silencio y, en muchas ocasiones, descalificaciones y revictimización.Esa desconexión entre el poder y las víctimas quedó todavía más evidenciada con una noticia que marcó un precedente histórico. Por primera vez desde que existe el mecanismo correspondiente, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas decidió activar el procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas respecto de México.No es una decisión cualquiera. Tampoco es un gesto simbólico. Se trata de una medida extraordinaria que solamente se utiliza cuando existen elementos que justifican una preocupación internacional sobre la magnitud del fenómeno en un país. Después de años de informes, visitas, recomendaciones y de recibir documentación aportada tanto por organizaciones civiles como por el propio Estado mexicano, el Comité concluyó que había indicios suficientes para escalar el asunto y llamar la atención de la comunidad internacional.Lejos de provocar una reflexión profunda sobre las causas que llevaron a esa determinación, la reacción oficial ha sido insistir en que todo forma parte de interpretaciones equivocadas o de apreciaciones exageradas. Sin embargo, las familias que buscan a sus seres queridos no necesitan informes para saber que el problema existe. Lo viven todos los días.Hoy México acumula más de 135 mil personas desaparecidas. Son más de 135 mil historias inconclusas. Son niñas que nunca regresaron de la escuela, jóvenes que desaparecieron camino al trabajo, padres que salieron de casa y jamás volvieron, mujeres cuya ausencia dejó hogares enteros suspendidos en la incertidumbre. A ello se suman decenas de miles de cuerpos que permanecen sin identificar en servicios forenses rebasados por la realidad.No estamos hablando únicamente de una estadística. Estamos hablando de una herida nacional que se profundiza.Por eso preocupa que el gobierno siga privilegiando la construcción de una narrativa optimista antes que el reconocimiento honesto del problema. Desde Acción Nacional hemos señalado que existen inconsistencias y dudas razonables sobre la manera en que se presentan las cifras de seguridad. Mientras se presume una disminución en determinados delitos, el número de personas desaparecidas continúa creciendo y la percepción de inseguridad sigue presente en buena parte del país.He sostenido que México no puede conformarse con discursos que buscan pintar una realidad distinta de la que viven millones de familias. La seguridad no mejora porque una conferencia matutina lo afirme; mejora cuando las personas pueden salir de sus casas sin miedo, cuando las víctimas reciben justicia y cuando ninguna madre tiene que recorrer terrenos baldíos con una pala porque las autoridades fueron incapaces de buscar a su hijo.La tragedia de las desapariciones tampoco puede entenderse aislada del contexto de violencia que enfrenta el país. Existen regiones donde grupos criminales ejercen un control de facto sobre comunidades enteras, limitando la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales. En esos lugares, la impunidad termina convirtiéndose en un incentivo para que estos delitos continúen ocurriendo.Lo verdaderamente alarmante es que muchas familias ya no esperan que el gobierno encuentre a sus desaparecidos. Han depositado su esperanza en colectivos ciudadanos que trabajan con recursos mínimos pero con una voluntad inmensa. Son ellas quienes organizan brigadas, quienes revisan información anónima y quienes, en ocasiones, hacen hallazgos que deberían corresponder exclusivamente a las autoridades.Eso representa un fracaso institucional que no puede seguir normalizándose.La activación del artículo 34 por parte de la ONU debería asumirse como una oportunidad para corregir el rumbo. No para confrontar a los organismos internacionales ni para desacreditar a quienes han documentado esta crisis, sino para fortalecer las capacidades del Estado, transparentar la información, escuchar a las víctimas y construir una estrategia nacional que coloque la búsqueda de personas como una auténtica prioridad.Porque la grandeza de un país no se mide por la espectacularidad de una inauguración mundialista ni por la cantidad de aplausos que recibe frente a las cámaras. Se mide por la forma en que protege a quienes más lo necesitan y por su capacidad para responder cuando una familia toca la puerta pidiendo ayuda.México merece celebrar muchas cosas. Merece estadios llenos, inversiones, turismo y reconocimiento internacional. Pero ninguna celebración será completa mientras existan miles de hogares con una silla vacía esperando el regreso de alguien que falta.El verdadero desafío nacional no está en organizar un evento deportivo impecable. Está en garantizar que ninguna madre tenga que buscar sola a su hijo, que ninguna familia sea ignorada cuando exige respuestas y que el Estado recupere la confianza perdida.Porque cuando desaparece una persona, no solo se rompe una familia. También se pone a prueba la fortaleza de las instituciones. Y cuando esas instituciones fallan una y otra vez, lo que comienza a desaparecer es la confianza de toda una nación.Presidente del Partido Acción NacionalÚnete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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