24 años después, la transparencia sigue bajo presión, escribe Opinión 51

Julieta del Río Un 22 de junio de 2002 entró en vigor en México la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hoy se cumplen 24 años de contar con un marco legal que reconoce y garantiza el derecho de las personas a conocer la información pública.A pesar de las reformas que ha experimentado a lo largo del tiempo, y de la transformación más profunda ocurrida el año pasado con la desaparición del órgano autónomo nacional y de los institutos locales de transparencia, el derecho sigue existiendo. La ley existe. La norma existe. Lo que hoy está en discusión es si las instituciones encargadas de hacerla valer están cumpliendo realmente con ese propósito.El nuevo modelo aún no logra consolidarse. La desaparición de los institutos locales fue desigual y varios estados enfrentan procesos de transición marcados por la incertidumbre. Casos como Chihuahua, Querétaro, Estado de México y Sinaloa reflejan que la implementación no ha sido uniforme y que persisten pendientes legales e institucionales.A ello se suma una legislación que amplió de 13 a 17 las causales para reservar información. Más preocupante que el aumento es el uso creciente de conceptos ambiguos como la “paz social” y el “interés del Estado”. Si estas categorías no se aplican de manera excepcional y plenamente justificada, prácticamente cualquier información podría mantenerse fuera del escrutinio público.En numerosos casos, además, no se presentan pruebas suficientes para demostrar el daño que provocaría la difusión de la información solicitada. Sin embargo, las resoluciones suelen favorecer a los sujetos obligados. Esto genera una percepción de retroceso en un derecho que costó décadas construir.También existe desánimo y desorientación entre la ciudadanía. Antes había una autoridad nacional claramente identificada para resolver controversias en materia de acceso a la información. Hoy existen alrededor de 270 autoridades responsables en todo el país, lo que ha fragmentado el sistema y complicado los procedimientos para los usuarios.El periodismo de investigación resiente especialmente estos cambios. La Plataforma Nacional de Transparencia, que durante años se convirtió en una herramienta fundamental para periodistas, investigadores y ciudadanos, ya no opera con la misma eficacia. Obtener documentos y dar seguimiento a solicitudes resulta cada vez más complejo en un modelo que desaprovechó muchas de las fortalezas del sistema anterior.Los ejemplos son diversos. Ahí están las negativas para proporcionar información relacionada con eventos realizados con el Mundial en el Campo Marte o las dudas sobre el uso de espacios públicos como el Castillo de Chapultepec. La propia presidenta Claudia Sheinbaum señaló en la mañanera que el Castillo de Chapultepec habría sido rentado para la cena de FIFA e incluso mencionó que el costo podría rondar el millón de pesos, sugiriendo que se verificara con la Secretaría de Turismo. Sin embargo, en la información oficial del portal del propio Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, se establece que el recinto únicamente puede ser utilizado para eventos de carácter cultural, académico o científico, y que no se permiten eventos sociales o empresariales de ningún tipo.Esto evidencia una contradicción importante y, sobre todo, una falta de coordinación en el manejo de la información pública y la transparencia en este tipo de casos. Incluso se ha señalado que algunos eventos privados pueden realizarse ahí. La pregunta es simple: ¿cualquier ciudadano puede acceder a esos espacios bajo las mismas condiciones? La respuesta debería encontrarse fácilmente en información pública, clara y verificable. Sin embargo, la página de transparencia dice otra cosa.Por eso, a 24 años de la entrada en vigor de esta ley, es necesario recordar que este derecho no fue una concesión. Es resultado de décadas de trabajo y exigencia de académicos, estudiantes, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos comprometidos con la rendición de cuentas.Los portales llenos de anuncios y propaganda institucional no sustituyen la transparencia real. Cuando la información se fragmenta, las adquisiciones y adjudicaciones se vuelven difíciles de rastrear y los ciudadanos encuentran más obstáculos que respuestas, lo que crece no es la transparencia, sino la opacidad.Y donde prospera la opacidad, inevitablemente aparecen los riesgos de corrupción.Experta en temas de transparencia y acceso a la información pública; fue comisionada del INAI Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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