Una ley a la romana

Entre los años 264 y 146 antes de Cristo la república de Roma y el imperio de Cartagena se enfrentaron en tres guerras por el dominio del mar Mediterráneo occidental. Roma venció en las tres, pero, como suele ocurrir, el costo económico y social fue muy alto. Hacia 215 a.C., tras la batalla de Cannae, los padecimientos amenazaban con producir alzamientos entre el pueblo, agotado por la guerra. El Senado reaccionó sancionando la Lex Oppia, una ley que obligaba a todos los ciudadanos a adoptar la misma austeridad que mostraba el Estado y permitía confiscar los bienes de quienes transgredían la norma. Se prohibía especialmente la ostentación pública de riquezas, la exhibición de objetos de lujo que llevaran más de catorce gramos de oro, el uso de carruajes de dos o cuatro caballos y el uso de vestimenta de colores llamativos. Esto tuvo tres efectos inmediatos. Aplacó el inconformismo de la población, especialmente de los estratos inferiores de esta, mostró que no había impunidad para la ostentación de los aristócratas y llenó las arcas estatales, vaciadas por el conflicto bélico. La ley fue derogada finalmente en el 195 a.C. debido a multitudinarias protestas de mujeres que se sentían perjudicadas por la prohibición del uso de joyas y vestidos atrayentes. Pero durante su vigencia impidió que las capas inferiores de la sociedad se vieran insultadas por la ostentación descarada de las superiores, que comprendían a la aristocracia y los políticos, y, al momento de su derogación, motivó la que se considera como primera movilización femenina de la historia. Marco Porcio Catón, célebre senador, escritor y militar de la época, conocido como Catón el Viejo, reflexionó entonces: “El día que las mujeres igualen a los hombres no tardarán en superarlos”. Dos milenios y dos siglos y medio más tarde de aquel suceso histórico, a la Argentina no le vendría mal una Ley Oppia que se aplicara en términos opuestos a la original. Debería obligar a cualquier miembro o funcionario del Estado, desde el presidente para abajo, a vivir con la misma austeridad y privaciones con las que sus actos condenan a sobrevivir a capas cada vez más amplias de la población. Acaso así la política, y especialmente los cargos estatales y senatoriales, dejarían de ser una codiciada fuente de enriquecimiento personal, familiar, partidario, de banda o pandilla y languidecerían las nefastas castas (incluida la libertaria) que corroen impunemente los cimientos de la democracia y de la República. Aunque, por supuesto, no estamos en la Roma de entonces y tampoco se percibe en la sociedad un ánimo de hartazgo o de reacción ante la ancha y profunda corrupción de la cual Manuel Adorni es apenas un perejil de muestra. O quizás, como señala una extendida sospecha circulante en redes y comentarios públicos, una cortina de humo que oculta a corruptos y corrupciones mayores. Por ahora no se sabe.

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