Un estudio advierte que a la baja en la producción y el consumo, se suma la ruptura en la cadena de pagos y el aumento en la judicialización. Desde el sector reclaman una legislación de emergencia. “De ello depende la supervivencia de miles de compañías”.

El FMI trata de acelerar las políticas de ajuste. Las elecciones de 2027 serán un momento crucial para que la ciudadanía pueda expresar su rechazo.

“Existe voluntad de pago, pero las personas ya no tienen forma de pagar las deudas que acumulan y no hay más dónde pedir. Se llegó a un límite”, advierten.