La lección de Coahuila: Votar para proteger lo esencial, escribe Marco Zamarripa

Coahuila dejó una lección contundente para el país: cuando la gente siente que lo más sagrado —la seguridad de sus familias, la libertad de salir a la calle, la tranquilidad del día a día— está en juego, acude masivamente a las urnas. Con una participación histórica superior al 50% —frente al 39% en procesos locales similares, los votantes emitieron un mensaje claro: no arriesgar lo que perciben como estabilidad, progreso y protección. En las campañas políticas confluyeron dos narrativas: por un lado, los programas sociales a nivel federal, que han buscado consolidar apoyos mediante transferencias y ayudas focalizadas; y por otro, la percepción ciudadana sobre la seguridad y la tranquilidad en las calles. La decisión colectiva se inclinó por la segunda y reflejó un cálculo pragmático: ante la incertidumbre, se priorizó la continuidad de políticas públicas que generan seguridad, sobre otros apoyos asistenciales. Fue un voto motivado por el temor a perder lo que consideran irremplazable. La posibilidad de que la inseguridad se agudice, que las calles dejen de ser lugares seguros para niños, mujeres y adultos mayores; que salir a trabajar o a estudiar se vuelva un riesgo— pesó más que otras promesas. Ese miedo legítimo y profundo funcionó como acelerador de la movilización ciudadana: proteger el hogar y preservar la libertad, se colocaron por encima de becas, pensiones, aumento al salario mínimo, entre otros. Este resultado obliga a una lectura doble. Primero: la ciudadanía no solo expresa preferencias electorales, sino prioridades morales y existenciales. Segundo: el clamor por la seguridad no se extingue en la boleta electoral; la ciudadanía ha reconocido que debe ser corresponsable y acompañar propuestas serias a políticas públicas de seguridad. Los coahuilenses no se conforman con promesas retóricas: el gobierno estatal y los gobiernos locales están comprometidos a impulsar planes concretos que han demostrado que si es posible reducir la violencia, mejorar la justicia y proteger a las familias, medidas que incluyen prevención, profesionalización policial, inversión en seguridad, coordinación y políticas de estado a largo plazo que van dirigidas a atender las causas estructurales de la violencia. Hoy la experiencia de Coahuila constituye un caso valioso para académicos, responsables de política pública y gobiernos locales interesados en comprender las dinámicas que impulsan la participación y la toma de decisiones ciudadanas: cuando la seguridad se percibe como el activo más preciado, el votante actúa para preservarla. Estos resultados invitan sin duda a un ajuste en las agendas públicas tanto locales como nacionales, que confirman que las políticas sociales deben interactuar con las demandas de seguridad y gobernanza. Si la prioridad ciudadana por la seguridad se traduce en acciones responsables, este proceso electoral podrá servir como caso de referencia para diseñar estrategias que respondan realmente a las inquietudes de los ciudadanos.Únete a nuestro canal

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