También ordena una política pública para prevenir que plataformas digitales sean utilizadas como vitrinas para captar niños y niñas.

La norma cuadruplica la condena mínima actual y crea un sistema nacional para monitorear este delito.

De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento forzado de niños.