El Gobierno dispuso que el cuestionado Fondo para el pago de indemnizaciones empiece a regir desde el 1 de noviembre. También puso en marcha un blanqueo laboral, cambios en convenios colectivos y regulaciones para plataformas digitales y servicios eventuales.

Un informe de la consultora Equilibra analizó la segunda revisión del acuerdo con el organismo tras el desembolso de 1.040 millones de dólares.

A través del Decreto 407/2026 se indicaron precisiones sobre los recibos de sueldo y las licencias médicas, entre otros puntos.