El debate sobre la colegiación obligatoria en el ejercicio profesional de los ingenieros civiles en México, escribe Héctor Javier Ibarrola Reyes

Por: Ing. Héctor Javier Ibarrola Reyes Coordinador del Comité de Normatividad y Enlace Legislativo del CICM Vicepresidente de Desarrollo Institucional de la CMIC, Delegación CDMX Para nadie es un misterio que detrás de cada obra de infraestructura existen conocimientos técnicos, procesos constructivos especializados, tecnología de vanguardia y profesionistas cuya experiencia y criterio resultan fundamentales para su adecuada ejecución; donde la preparación, experiencia y responsabilidad impactan directamente en la seguridad y desarrollo del país. En un entorno en el cual las obras son cada vez más complejas y estratégicas para el desarrollo nacional, México enfrenta el desafío de modernizar el marco que regula el ejercicio profesional, particularmente en actividades cuyo impacto incide directamente en la seguridad, el patrimonio y la vida de las personas. Hoy, el simple hecho de contar con un título profesional ya no necesariamente garantiza que un ingeniero se encuentre actualizado frente a las nuevas tecnologías, metodologías constructivas, herramientas digitales o exigencias técnicas que demanda la infraestructura moderna. A ello se suma el crecimiento desigual de la oferta educativa, que ha generado diferencias importantes en la calidad de formación académica entre instituciones. Esta realidad obliga a reflexionar sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de actualización continua, evaluación periódica de capacidades y responsabilidad profesional, particularmente en disciplinas como la ingeniería civil, donde una decisión técnica incorrecta puede tener consecuencias de gran magnitud. En diversos países, particularmente en Estados Unidos, el ejercicio profesional de la ingeniería se encuentra sujeto a esquemas más rigurosos de certificación, licenciamiento y actualización continua. La figura del Professional Engineer (PE) obliga a los profesionistas responsables de proyectos y obras a mantener estándares técnicos, éticos y de capacitación permanentes para conservar su autorización de ejercicio. Más que una limitación al trabajo, estos mecanismos buscan fortalecer la confianza pública, garantizar la responsabilidad técnica y proteger a la sociedad en actividades de alto impacto. México no puede permanecer ajeno a esta tendencia, especialmente ante la creciente complejidad de la infraestructura estratégica y de las obras consideradas de interés público o seguridad nacional. La ingeniería civil mexicana ha sido históricamente reconocida por su capacidad técnica, innovación y participación en proyectos de gran relevancia nacional e internacional. Ese prestigio, construido durante décadas por generaciones de ingenieros, representa un activo estratégico para el país. Sin embargo, mantener y fortalecer ese reconocimiento exige que los profesionistas responsables de la infraestructura nacional cuenten con procesos permanentes de actualización, capacitación y certificación que les permitan responder a los nuevos desafíos tecnológicos, ambientales y de seguridad que enfrenta la ingeniería moderna. La ausencia de mecanismos más sólidos de actualización, certificación y trazabilidad profesional también impacta la confianza pública en la infraestructura y en las instituciones responsables de su desarrollo. Cuando una obra presenta fallas, retrasos, sobrecostos o deficiencias técnicas, la sociedad difícilmente logra identificar con claridad dónde termina la responsabilidad institucional y dónde comienza la responsabilidad profesional. En este contexto, resulta pertinente abrir un debate serio sobre el fortalecimiento de los colegios de profesionistas como instancias de actualización, certificación técnica, supervisión ética y corresponsabilidad social. La colegiación y la capacitación continua no deben entenderse únicamente como requisitos administrativos, sino como herramientas para garantizar que quienes participan en el diseño, construcción, supervisión, operación y mantenimiento de infraestructura cuenten con conocimientos vigentes, criterios técnicos sólidos y un código de ética compartido. El valor y alcance de la firma de un ingeniero civil en proyectos ejecutivos, en las distintas etapas constructivas de una obra y en su posterior operación y mantenimiento, debe estar respaldado por capacidades técnicas idóneas, experiencia comprobable y formación permanente acorde con las nuevas tecnologías y metodologías de la ingeniería moderna. Resulta indispensable abrir la discusión sobre la implementación de mecanismos más sólidos de colegiación, certificación y actualización profesional obligatoria, particularmente en aquellas actividades vinculadas con infraestructura estratégica, seguridad estructural, supervisión especializada y obras de alta complejidad técnica. El propósito no debe ser limitar el ejercicio profesional, sino garantizar que las responsabilidades asociadas al diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura pública y privada recaigan en profesionistas con capacidades acreditadas, experiencia suficiente y formación continua. En este esquema, los colegios de profesionistas desempeñan una función fundamental como instancias de evaluación técnica, certificación de competencias, actualización permanente y fortalecimiento de estándares éticos y de calidad profesional. Sin embargo, cualquier propuesta orientada a fortalecer mecanismos de colegiación, certificación o control profesional deberá analizar cuidadosamente su compatibilidad con los derechos y libertades consagrados en la Constitución, particularmente con lo dispuesto por el Artículo 5º relativo al libre ejercicio profesional y al derecho al trabajo. El desafío consiste en encontrar un equilibrio responsable entre la libertad individual para ejercer una profesión y la necesidad de proteger a la sociedad mediante estándares mínimos de capacidad técnica, actualización permanente y responsabilidad ética en actividades cuyo impacto puede incidir directamente en la seguridad, el patrimonio y la vida de las personas. La modernización de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional representa una oportunidad para construir un modelo profesional más sólido, competitivo y alineado con las exigencias técnicas del siglo XXI. La infraestructura que demanda el país requiere ingenieros no sólo con formación académica, sino también con actualización permanente, responsabilidad ética y capacidades verificables frente a los retos tecnológicos, ambientales y de seguridad que hoy enfrenta México. Impulsar un debate serio, incluyente y técnicamente responsable sobre estos temas no significa restringir derechos, sino fortalecer la confianza pública en quienes tienen bajo su responsabilidad el desarrollo, seguridad y funcionamiento de la infraestructura que sostiene el crecimiento nacional. Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

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