Abuelas de Plaza de Mayo denunció “el ahogo presupuestario al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y su consecuente peligro de parálisis, si el Gobierno no otorga la ampliación del crédito presupuestario, necesaria para continuar con su normal funcionamiento”. Es un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad. Alejo Ramos Padilla, a cargo del Juzgado Federal N°1 de La Plata, dictó el jueves una medida cautelar contra el Estado nacional: el magistrado dispuso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adopte “de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias” para garantizar el funcionamiento del organismo. El juez incluyó en su medida de protección al Archivo Nacional de Datos Genéticos, la cadena de custodia de las muestras y las condiciones de seguridad e higiene del organismo. Y también requirió informes al Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques, para conocer la eventual responsabilidad del Poder Ejecutivo por la posible afectación al adecuado servicio de justicia. Para Ramos Padilla, el BNDG es una “herramienta de reparación de graves violaciones a los derechos humanos”. Argumento, en ese sentido, que la ley 26.548 exige asegurar que sus tareas se desarrollen con normalidad, evitando suspensiones y demoras.