El panorama político argentino siempre ofrece una grieta para la especulación institucional. Hoy, mi colega Carlos Galván analiza en Clarín una perspectiva que conviene tomar con absoluta seriedad: la posibilidad real de que Cristina Fernández de Kirchner esté preparando el terreno para forzar una candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Naturalmente, esto reabre un debate técnico y político de fondo sobre si su situación penal y la condena en su contra le permiten o no competir. Desconozco si jurídicamente existe una rendija fina entre ser candidata y competir por una candidatura, pero no tenga dudas de que en este preciso instante hay una montaña de abogados constitucionalistas y penalistas desempolvando tomos en la biblioteca para encontrar la vuelta leguleya. Sin embargo, el dato más revelador no está en Comodoro Py, sino en el plano internacional. Fíjese usted el caso de Marine Le Pen en Francia. La líder ultraderechista enfrenta severos procesos judiciales, imputada y acorralada por el desvío de fondos del Parlamento Europeo para financiar un esquema de empleos ficticios y repartos de dinero dentro de su espacio; una versión sofisticada, a escala europea, de lo que hemos visto de forma burda en la legislatura bonaerense.