Con la estimación de que están en juego US$ 3.000 millones por un eventual incremento productivo de la soja, el marco normativo sobre semillas fue un disparador del debate en AmCham Agribusiness Forum 2026, el encuentro anual de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina, que se realizó este jueves en un hotel de Puerto Madero, con la consigna “Competitividad para potenciar el desarrollo federal”.El primero de los paneles estuvo dedicado justamente a las cuestiones sobre propiedad intelectual en semillas, en el marco del Acuerdo sobre Comercio e inversiones Recíprocas con Estados Unidos (ARTI) que incluye la adhesión de nuestro país a UPOV-91, lo cual representaría el reconocimiento de genéticas y biotecnológicas.De entrada, el CEO de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, planteó que “Argentina es hoy el aliado principal de los Estados Unidos en América Latina, y el ARTI nos coloca en una situación de ventaja comparativa en la región”. Cree que “estamos avanzando en la dirección correcta, con medidas que apuntan a desregular y eliminar los obstáculos para operar en la Argentina, y estabilizar la macroeconomía. Y consideró que el tema semillas es parte del desafío más amplio de “transformar esa estabilidad que estamos consiguiendo en la macroeconomía en un proceso de crecimiento, donde claramente la inversión es el motor del desarrollo”.Ya en el panel específico, Alejandro Cacace, secretario de Desregulación en el ministerio que conduce Federico Sturzzeneger, Martín Famulari, presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y Pamela Echeverría, asesora sobre propiedad intelectual para el Mercosur, de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO, por su sigla en inglés) coincidieron en que se está avanzando en consensos para reglamentar el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas, pese a la resistencia de sectores productivos que piden que vaya de la mano con eliminación, o reducción más intensa, de los derechos de exportación (retenciones).Reglas claras para más inversionesDíaz también solicitó “un sistema tributario simplificado y eficiente con la eliminación progresiva de las retenciones a la exportación”, de la mano de “nuevas tecnologías innovadoras, licitaciones ferroviarias y viales que minimicen el costo de la logística”.Ante más de 600 asistentes, en los diferentes paneles sobrevoló la sensación de que está transcurriendo una nueva etapa para el comercio y las inversiones entre Argentina y Estados Unidos. Se hizo foco en la competitividad y el crecimiento como las bases para el desarrollo de la agroindustria nacional en el contexto global. La infraestructura fue considerada clave para el desarrollo social y económico, la tecnología y las AgTechs como vectores del futuro agroalimentario, y la articulación federal –incluyendo lo legislativo- como agenda estratégica de productividad, para que el potencial del agro genere oportunidades en toda la sociedad.Más de US$ 3.000 millones en juegoCacace expuso la posición del Gobierno sobre el tema semillas, entendido como una modernización regulatoria para “un sistema de propiedad intelectual más claro y previsible, que puede contribuir a generar condiciones para mayor innovación e inversión”.Hace dos décadas la Argentina tenía cuatro o cinco programas de mejoramiento genético de soja, a la par de Brasil. Pero, por no reconocerse la propiedad intelectual, en nuestro país ese desarrollo languideció, a tal punto que compañías líderes globales no presentan sus semillas de soja, mientras en el vecino país se multiplicaron los desarrollos sobre la oleaginosa.En ese sentido, dijo que más allá de los US$3.000 millones por soja, ese valor se podría duplicar al incluir semillas de otros cultivos, porque “proteger la innovación en el agro es lo más determinante que podemos hacer para liberar la productividad del sector e incrementar nuestras exportaciones”.Famulari resaltó que el Gobierno impulsa un acuerdo en el sector privado, entre productores y empresas semilleras, para después presentar un proyecto en el Congreso. En ese sentido, se mostró convencido de que la dinámica es superadora de experiencias anteriores, cuando las discusiones se daban en las comisiones parlamentarias y así nunca llegaron a una votación favorable.Aunque se asumió que tras décadas de desencuentros ahora el asunto está condicionado por la presión tributaria de las retenciones, Echeverría confía que se puede seguir superándose la grieta por el entendimiento que han manifestado diversos productores sobre el rol de la propiedad intelectual como incentivo para la investigación, el desarrollo de nuevas variedades y la incorporación de innovación para mejoras de rindes agrícolas.La especialista advirtió que UPOV-78 y UPOV-91 no deben confundirse con las patentes de invención y describió que la principal diferencia entre ambos sistemas es la previsibilidad jurídica. Avanzar hacia el Acta 91 permitiría contar con un “sistema actualizado” y reglas más claras para la inversión en genética, de manera que Argentina fortalezca su sistema de protección de variedades vegetales, alineada con estándares internacionales.Famulari puso en consideración los cambios regulatorios necesarios para adaptar la normativa argentina al Acta 1991, el proceso de reglamentación y los principales desafíos para su implementación.Y en el camino hacia la construcción de consensos ponderó el trabajo que se viene realizando “con los distintos actores del sector, incluyendo a los productores, para despejar dudas y reducir las barreras y desconfianzas en torno a UPOV-91, y construir un sistema con reglas más claras y previsibles en comparación a la normativa actual del 78”.