A menos de dos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos, una coalición de organizaciones de derechos civiles y la ciudad de Denver ha llevado ante los tribunales una preocupación sobre la seguridad del proceso electoral: la posibilidad de que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acudan a los centros de votación para realizar operativos migratorios.La demanda fue presentada este jueves ante un tribunal federal de Washington D.C. por la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y el condado de Denver, representados por Democracy Forward. Los demandantes buscan que la Administración de Donald Trump quede impedida de desplegar agentes federales armados en los lugares donde se emiten o recogen votos, salvo en circunstancias contempladas expresamente por la ley.El caso señala como demandados al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al ICE y a sus respectivos responsables, Markwayne Mullin y David Venturella. La acción judicial sostiene que el Gobierno ha establecido una política que permite a los agentes de ICE entrar en centros de votación para realizar tareas de control migratorio, incluida la ejecución de órdenes de arresto.El origen de la disputa está en recientes declaraciones que hizo Mullin el 1 de septiembre. El secretario de Seguridad Nacional afirmó que el ICE no estaba destinado a patrullar los centros de votación, pero señaló que los agentes podrían acudir si existía una amenaza contra un lugar de votación o si necesitaban ejecutar una orden judicial contra una persona a la que estuvieran buscando. “Si estamos ejecutando una orden, estaremos donde tengamos que estar”, dijo Mullin posteriormente.Para las organizaciones demandantes, esa posibilidad choca con una prohibición federal que existe desde hace más de 150 años. La ley fue aprobada durante los últimos meses de la Guerra Civil con el objetivo de impedir la interferencia federal armada en las elecciones. Establece que no pueden enviarse o mantenerse tropas o agentes armados federales en un lugar donde se celebre una elección, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.“El derecho a votar es fundamental para nuestra democracia, sin embargo, esta administración continúa con sus interminables intentos de debilitar las mismas instituciones que tiene la obligación de proteger,” dijo Juan Proaño, CEO de LULAC. “Los resultados de las elecciones definen el futuro de todos, y en los Estados Unidos, los votantes deben votar sin miedo de intimidación por parte de agentes senados del ICE en los centros de votación. Estamos orgullosos de presentar esta demanda y luchar para proteger la libertad fundamental de los estadounidenses.” “Enviar agentes armados del ICE a los centros de votación no es una medida de control migratorio — es supresión del voto, pura y simple”, declaró Janet Murguía, presidenta y directora ejecutiva de UnidosUS. ”Todos los estadounidenses —incluidos los votantes latinos— tienen el derecho constitucional a votar sin miedo de interrogación, detención o separación de sus familias. Este caso es sobre proteger a los votantes, preservar la confianza en nuestras elecciones y garantizar que todos los votantes elegibles pueden participar sin intimidación.”La demanda sostiene que permitir que agentes del ICE entren en los centros para detener o interrogar a personas por cuestiones migratorias constituye el tipo de intervención que esa norma pretendía impedir. Además, los grupos argumentan que la política representa una actuación gubernamental arbitraria.“Poner agentes armados en los lugares de votación es una táctica utilizada por dictadores, pero no tendremos temor a ejercer nuestros derechos. Ningún estadounidense debe tener que pasar a través de un agente federal armado para simplemente emitir su voto, pero esta Administración ha adoptado una política que permite exactamente eso”, dijo en un comunicado Virginia Kase Solomón, presidenta de Common Cause.El temor de los demandantes no se limita a una eventual detención dentro de un centro de votación. Denver y las organizaciones aseguran que la presencia de agentes armados puede disuadir a personas de acudir a votar o incluso de entregar sus boletas por correo. También afirman que las operaciones migratorias ya han afectado actividades de registro de votantes, campañas de movilización y participación cívica.La demanda menciona además episodios ocurridos este año en Texas y Nueva York. En mayo, según los grupos, agentes armados rodearon el estacionamiento de un centro de votación activo en San Antonio para detener a una persona a la vista de los electores, hasta que el sheriff del condado ordenó que se retiraran. En junio, agentes del ICE ingresaron a un centro de votación en Syracuse, Nueva York, para interrogar a una voluntaria electoral por una publicación en redes sociales.La Administración Trump ha negado que exista un plan concreto para desplegar agentes armados en los centros de votación. El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, también ha dicho que no existen planes para enviar tropas o miembros de la Guardia Nacional a esos lugares. Sin embargo, funcionarios del Gobierno no han descartado completamente que agentes puedan estar presentes bajo determinadas circunstancias.Como están por comenzar las primeras votaciones anticipadas en algunos Estados, a finales de septiembre, y las elecciones legislativas serán el 3 de noviembre, los demandantes piden al tribunal que declare ilegal la política y prohíba su aplicación. “El derecho a votar, y hacerlo sin temor a intimidación, es fundamental para nuestra democracia”, dijo el alcalde de Denver, Mike Johnston, quien aseguró que la ciudad luchará para impedir la presencia de agentes del ICE cerca de los centros de votación.