La prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johana Núñez García, presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar de prisión preventiva dictada por la jueza anticorrupción Mabel Tapia dentro de la causa que se sigue en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.El 6 de septiembre de 2026, la jueza anticorrupción de Pichincha ordenó la prisión preventiva de Núñez. Además, dispuso la retención de valores por USD 309.646 y la prohibición de enajenar bienes de la funcionaria.Durante la audiencia, la Fiscalía de Pichincha presentó las declaraciones patrimoniales de la prefecta como parte de los elementos de convicción de su investigación. Según un informe elaborado por la alianza periodística Spondylus Info Lab, como parte de la serie “Alcaldes y prefectos bajo la lupa”, Núñez reportó un patrimonio de USD 1,2 millones en 2019, cuando inició su primer año de gestión. Para 2022, esa cifra ascendió a USD 4,9 millones, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales.PublicidadNúñez está al frente de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas desde 2019. Tras la orden de prisión preventiva, no ha acudido a su despacho y la administración de la institución ha quedado, en la práctica, a cargo del viceprefecto Alfonso Andrade.Licencia sin remuneración no fue aprobadaEn medio del proceso judicial, Núñez solicitó a la Cámara Legislativa del Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas una licencia sin remuneración por 60 días, desde el 10 de septiembre hasta el 8 de noviembre de 2026.El pedido fue analizado en una sesión extraordinaria de la Cámara Legislativa. Sin embargo, la moción presentada por la consejera Paola Puco para aceptar la licencia no obtuvo los votos necesarios y no fue aprobada.PublicidadPublicidadLa sesión concluyó sin que el viceprefecto Alfonso Andrade ni el equipo jurídico de la institución precisaran cuál será el procedimiento que deberá seguir el Gobierno provincial ante la falta de aprobación de la licencia solicitada por Núñez.Cinco procesados también piden dejar sin efecto la prisiónLa jueza Mabel Tapia también está a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía respecto de la solicitud presentada por cinco procesados para que se dejen sin efecto las órdenes de prisión preventiva dictadas en su contra dentro de la misma causa por presunto enriquecimiento ilícito.Esposo e hijos de la prefecta de Santo Domingo alegan inmunidad electoral para evitar una orden de detenciónEl pedido fue presentado por las defensas técnicas de Gabriel Antonio Rivas Núñez, Fabián Alexander Rivas Calderón, Wilmer David Rivas Ontaneda, Carlos Enrique Landaheta Pino y Víctor David Rivas Núñez. La solicitud ingresó el 6 de septiembre de 2026 y fue incorporada al expediente n.° 17L03-2026-00009G.Los procesados sostienen que están amparados por la inmunidad electoral debido a su condición de candidatos. Gabriel Antonio Rivas Núñez, Fabián Alexander Rivas Calderón, Wilmer David Rivas Ontaneda y Víctor David Rivas Núñez son candidatos a integrantes de la Junta Parroquial de Alluriquín por el movimiento Alianza Tsáchila, lista 62.Por su parte, Carlos Enrique Landaheta Pino tiene calificada su candidatura para la Alcaldía de Santo Domingo por el mismo movimiento político.La decisión sobre estas solicitudes dependerá del pronunciamiento de la Fiscalía y del análisis que realice la jueza Tapia dentro de la causa. (I)Publicidad