Eran dos cabezas ladeadas, la de él algo más tiesa, pendiente de lo que ocurría delante. La de ella, en cambio, parecía esconderse en el abrigo, como si hiciera frío. En un momento, todavía antes de mediodía, la jueza pidió a las auxiliares de sala que abrieran la puerta, por el calor. Pero ella siguió envuelta en sus capas, atenta a lo que se decía, aparentemente triste. La mamá y el papá de Aleyda Romero, una de las víctimas de la masacre de Atizapán, escuchaban de nuevo, qué remedio, el relato de los asesinatos, obligados por los argumentos de abogados y fiscales. A tres metros, Diego Sebastián N, el acusado principal, se frotaba los ojos. La jueza ha procesado a este sujeto y a su presunto compinche, Gerardo N, por el asesinato de Aleyda Romero, de 21 años; de la niña que cuidaba, que responde a las iniciales S.M.G y contaba tres años; de la madre de esta, Ana Paola González, de 35 años, embarazada de cuatro meses; y de su esposo, el músico Jonathan Honas Meléndez, de 38, teclista de la popular banda indie Camilo Séptimo. La Fiscalía del Estado de México, región que engloba a Atizapán, les acusa de homicidio, feminicidio, aborto –por el bebé en gestación– y crueldad animal: Diego Sebastián mató supuestamente también al perro de la familia, una golden retriever de un año. La decisión de la juzgadora llegaba después de dos largas audiencias, la primera el sábado y la segunda este miércoles, celebradas ambas en los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla, en los confines norteños del área conurbada de Ciudad de México. Los papás de Aleyda habían venido desde Chalco, al otro lado del arco metropolitano septentrional. No parecían tener ganas de hablar. En un receso apenas susurraron que querían justicia. La tía de Aleyda, que les acompañaba, lo repitió, como si no se fiara de tanta parafernalia burocrática, los abogados, la sala, el silencio exigido, la burbuja de madera y vidrio desde la que escuchaban los acusados...La audiencia inició con los alegatos de los abogados defensores, liderados por Rodrigo Pastrana. Su idea era que la jueza desechase el caso desde el principio, misión prácticamente imposible. En la primera audiencia, la Fiscalía había presentado más de 60 pruebas contra los acusados, cantidad nada desdeñable, dada además la contundencia de algunas. El litigante dejó en la cartera parte de la artillería anunciada horas antes en una entrevista con este diario, para centrarse en un solo argumento. En resumen, Pastrana explicó que la Fiscalía había establecido la presencia de Diego Sebastián N y Gerardo N en la casa de las víctimas. También había certificado su asesinato. Lo que no había hecho, a su juicio, era conectar ambas cosas. Tanto la Fiscalía como la defensa de las familias de las víctimas contestaron con una educada carcajada jurídica. Por un lado, dijeron, los datos de prueba aportados hacían la inferencia evidente. Por otro, recordaron un detalle de la evidencia presentada al tribunal, una parte de la imputación en realidad, la salida de los acusados del fraccionamiento donde estaba el departamento de las víctimas, lugar donde Diego Sebastián supuestamente perpetró los asesinatos, la tarde del 1 de septiembre. Solo ese dato, defendieron, daba para procesar a los acusados. Y ahora mismo, dijeron, se trata solo de seguir investigándolos. La parte del relato era la siguiente. El 1 de septiembre, Diego Sebastián N y Gerardo N llegaron al fraccionamiento poco antes de las 17.30. Como el primero era socio de Honas —según los investigadores, rentaban casas de lujo— la vigilante les dejó pasar. Poco después llegó Ana Paola con los niños: la pequeña, asesinada, y el mayor, de seis años, que se salvó de la matanza porque permaneció escondido. En la casa estaba también Aleyda. Diego Sebastián mató a todos menos al pequeño. Poco antes de las 19.30 llegó Honas, que había ido a jugar a pádel con un amigo. Honas subió y este último quedó abajo, alertado por su amigo. Si no bajaba en media hora, debía llamar a la policía. Honas ya no bajó. Antes de las 20.00, lo hizo en cambio Diego Sebastián. Subió al carro de Gerardo N y ambos se encaminaron hacia la salida. Según el relato de la Fiscalía, allí estaban el amigo de Honas y la vigilante. El primero estaba ya preocupado y, al parecer, había puesto en antecedentes a la segunda. Cuando llegaron, la vigilante pidió a los visitantes que abrieran la cajuela, parte del protocolo de las salidas. Entonces, Diego Sebastián salió con su arma de fuego y gritó, “¡abre la pinche pluma que me tengo que ir!”. También se dirigió al amigo de Honas: “Pinche negrito, como se te ocurra decir que me viste, ¡te voy a matar como a tus pinches amigos!”. A la Fiscalía se le hacía raro que la defensa tratara de argumentar que un hombre que amenazaba con un arma a la vigilante, y decía lo que decía al amigo de las víctimas, pudiera salir de la sala de audiencias libre. Por si acaso, uno de los abogados defensores, Luis Rodríguez Aguilar, dio un detalle más, contundente como los anteriores. Los defensores habían criticado que la Fiscalía no había ofrecido el testimonio del único superviviente de la matanza, el hijo de seis años de las víctimas. Rodríguez señaló que él vela por los derechos humanos de sus defendidos y no tenía sentido “revictimizarlo” en este momento. Pero señaló que su psicóloga y su abuela habían testificado. “El niño le dijo a la abuela que fue el malo de Sebastián”, dijo Rodríguez. Con los acusados procesados se abre ahora un periodo de cuatro meses, navidades mediante, en que las partes aportarán pruebas al expediente judicial. Una vez transcurrido ese tiempo, un nuevo juez abrirá lo que se conoce como etapa intermedia, en que la Fiscalía presentará sus pruebas y testigos, entre ellos sus dos más importantes, la vigilante y el amigo de Honas. Después, salvo imprevisto, empezará el juicio.