La Justicia Federal dio un nuevo paso en la causa que busca frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en aguas próximas a las Islas Malvinas. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva de daño ambiental colectivo presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP). La resolución, conocida este miércoles, no suspende el avance del emprendimiento, pero habilita formalmente la intervención del Juzgado Federal de Río Grande en una causa que combina reclamos ambientales con el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas. Los demandantes solicitan que las empresas se abstengan de iniciar o continuar obras, perforaciones e instalaciones hasta que se realice el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto por la Ley General del Ambiente ante las autoridades argentinas. Malvinas: el Gobierno prepara nuevas sanciones y analiza extenderlas a la pesca y otras actividades
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