Un efectivo de la Comisaría de El Agustino fue condenado a cuatro años de pena privativa de libertad suspendida por exigir dinero a un conductor durante una intervención policial ocurrida el 10 de agosto de 2024. El Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la sede Santa Rosa determinó su responsabilidad por el delito de concusión, cometido en agravio del Estado. La Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este acreditó que el agente utilizó su condición de agente policial para obtener S/600 del ciudadano. El dinero fue entregado mediante dos transferencias realizadas por Yape, luego de que el efectivo le comunicara al conductor que su licencia estaba vencida y lo amenazara con consecuencias administrativas. TE RECOMENDAMOSGUTIÉRREZ DEFIENDE A AMIGOS ¿Y EL PUEBLO? | MARCO RUBIO LLEGA AL PERÚ | ARDE TROYA Policía fue acusado de exigir S/600 por Yape tras amenazar a conductor con una multa Los hechos se produjeron durante un operativo de control de identidad, cuando el agente intervino al conductor de un vehículo y verificó la documentación que llevaba. De acuerdo con la acusación fiscal, después de revisar los documentos le informó que su licencia de conducir había expirado, pese a que dicha afirmación no correspondía con la situación del documento. A partir de esa versión, el efectivo le advirtió al ciudadano que podía trasladarlo a la dependencia policial y aplicarle una multa. La Fiscalía estableció que estas amenazas fueron utilizadas para conseguir el pago de S/600, monto que el conductor terminó transfiriendo en dos operaciones a través de una billetera digital. Las investigaciones posteriores permitieron seguir el recorrido del dinero. La primera transferencia fue enviada al número telefónico de una tercera persona y, posteriormente, esos fondos fueron derivados a una cuenta perteneciente al policía condenado. Durante el juicio oral, el fiscal adjunto provincial Cristopher Vásquez presentó los elementos reunidos para sustentar la acusación. Juzgado impone cinco años de inhabilitación y S/3.000 de reparación civil al efectivo La sentencia fue obtenida por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, bajo la conducción de la fiscal provincial Rosmery Villavicencio. El caso correspondió a un delito contra la administración pública en perjuicio del Estado. Para sustentar la responsabilidad penal del efectivo durante el proceso, la Fiscalía recurrió al interrogatorio de testigos y a la actuación de medios probatorios documentales. Estos elementos fueron incorporados durante el desarrollo del juicio oral ante el órgano jurisdiccional. Además de la pena de cuatro años de prisión suspendida, el juzgado estableció cinco años de inhabilitación para ejercer la función pública. La resolución también fijó en S/3.000 el monto correspondiente a la reparación civil que deberá ser pagada a favor del Estado.