Juliana Guerrero, una exfuncionaria muy cercana al ahora expresidente Gustavo Petro, ha confesado que falsificó sus títulos universitarios obtenidos en la Fundación San José en el preacuerdo que firmó con la Fiscalía General de la Nación. La fallida candidata a viceministra de Juventudes en el ya desaparecido Ministerio de la Igualdad había sido señalada previamente por el ente investigador por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.En la audiencia de este miércoles, en la que enfrenta una posible condena a 36 meses de prisión, Guerrero confesó haber incurrido en fraude procesal al actualizar su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público, conocido como SIGEP II, y presentar sus documentos ante el Ministerio de la Igualdad. “Quiero reconocer con profundo dolor que me equivoqué y estoy sinceramente arrepentida”, dijo la exfuncionaria. El caso se remonta al año pasado, cuando la congresista Jennifer Pedraza (Dignidad y Compromiso) y varias investigaciones periodísticas demostraron que Guerrero no había presentado el examen Saber Pro, un requisito para graduarse, ni había asistido a clases para obtener sus títulos de técnica y profesional en contaduría pública. El entonces presidente Petro se vio obligado a retirar la postulación de la joven de 23 años al cargo como viceministra. A pesar del ruidoso escándalo, Guerrero se mantuvo como delegada del Gobierno en el consejo directivo de la Universidad del César hasta el cambio de mandatario, y ejercía una notable influencia en círculos del poder presidencial. El rápido ascenso de Guerrero provocó suspicacias, pues en pocos meses pasó de ser una militante del movimiento estudiantil de la estatal Universidad Popular del Cesar a controlar recursos públicos y puestos claves en distintas entidades del Gobierno. Propulsada por su cercanía con el presidente Petro, ampliamente documentada por la prensa colombiana, ocupó cargos en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, fue enlace territorial del Ministerio del Interior –en cabeza de Armando Benedetti– y finalmente jefe de gabinete de la misma cartera sin haberse graduado de la universidad ni tener experiencia relacionada.Guerrero se desvinculó del Ministerio del Interior cuando la revista Cambio reveló que había viajado entre Bogotá y Valledupar, con su hermana Verónica, en aviones y helicópteros de la Policía Nacional. El Gobierno aseguró entonces que había usado las aeronaves por una misión secreta y de seguridad nacional. En paralelo, Petro le ofreció ser viceministra de Juventudes e incluso la defendió públicamente en uno de sus Consejos de Ministros televisados. “En un país acostumbrado a la impunidad, como Colombia, es una gran noticia que una persona como Juliana Guerrero acabe de ser condenada por el delito de fraude procesal, y tuvo que terminar confesando que efectivamente lo había cometido”, reaccionó la senadora Pedraza, una antigua líder estudiantil que ha hecho de la educación pública una de sus banderas políticas. “Esto prueba que el control político, que las denuncias y las investigaciones sí sirven y sí funcionan”, añadió. Además, pide que se siga investigando a las directivas de la Fundación San José. El secretario general de la entidad también confesó ya su participación.La Fiscalía también investiga si las denuncias contra Guerrero hacen parte de una situación más extendida. Al menos 24 contratistas del Gobierno de Petro, incluida una secretaria del despacho del presidente, tenían títulos irregulares de la Fundación San José, de acuerdo con las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao, del partido Alianza Verde. Seis de esos trabajadores recibieron su título de técnicos, tecnólogos o profesionales sin presentar el examen Saber Pro, mientras que los 18 restantes presentaron la prueba semanas o meses después de recibir el diploma. Esa segunda falta también invalida cualquier título de acuerdo a la Ley 1324 de 2009 y al Decreto 4216 de ese mismo año, que establecen que el examen Saber Pro “es un requisito previo y obligatorio para la obtención de un título profesional”. “Le tocó reconocer lo que hace más o menos un año todo el país sabe”, apunta Juvinao sobre Guerrero. “Esto debería dejar un saldo pedagógico en materia de cómo los gobiernos de izquierda y de derecha están dispuestos a justificar el desmantelamiento técnico de las entidades del Estado para meter a sus amigotes, al punto de que terminan metiendo gente con diplomas falsos”, señala la congresista.