La ruta de los explosivos: así delinquía la red que abastecía a grupos armados desde cuatro países

NoticiaLa captura de 'Mauro' y otros 5 hombres dejó al descubierto un circuito que, según la Dijín, conseguía explosivos en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador.Los capturados en la operación de la Dijín. Foto: CortesíaSUBEDITOR DE JUSTICA08.09.2026 18:01 Actualizado: 08.09.2026 18:01

Detonadores comprados en Bolivia, explosivos e insumos procedentes de Chile, Perú y Ecuador, cargamentos que cruzaban la frontera por Ipiales y encomiendas que recorrían carreteras colombianas escondidas entre productos de uso agrícola. Esa era parte de la cadena que, según reconstruyeron investigadores de la Dijín, permitía abastecer con material explosivo a grupos armados y redes vinculadas con la explotación ilegal de minerales en varias regiones del país.La dimensión de esa operación quedó expuesta con un dato: 17.000 detonadores de origen boliviano fueron encontrados durante el operativo que terminó con la captura de seis personas, entre ellas Mauricio Cuervo, alias Mauro, señalado por las autoridades como cabeza de la organización ‘Orión’. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Medellín y Sonsón, Antioquia, y en Lenguazaque, Guachetá, Ubaté y Pacho, Cundinamarca.Pero detrás de las capturas aparece una investigación que permitió seguir el recorrido del material desde fuera del país hasta sus compradores en Colombia. De acuerdo con la Policía, la organización había construido una cadena de abastecimiento que comenzaba en Bolivia, Chile, Perú y Ecuador. Explosivos, detonadores y precursores químicos eran adquiridos allí y posteriormente trasladados hasta la frontera colombiana.Uno de los capturados con elementos de prueba. Foto:CortesíaJunto a alias Mauro cayeron: Edwin Porras, alias Simón; Jonathan Molina; Diego Avilés; Eduardo Cortés, alias Chivito, y José Arévalo, alias Paisa o ‘Paisita’; a este último fue a quien se le incautó el vehículo y los 17.000 detonadores. Ipiales, en Nariño, era uno de los puntos de entrada. Una vez en territorio nacional comenzaba otra etapa: mover los cargamentos hacia diferentes departamentos sin despertar las alertas de las autoridades. Para hacerlo, los integrantes de la red habrían recurrido al sistema de encomiendas y a empresas de mensajería intermunicipal.El método de ocultamiento también hacía parte de esa logística. Los investigadores establecieron que los artefactos y los insumos químicos eran introducidos en bultos de fertilizantes agrícolas. De esa manera podían mezclarse con mercancía que circulaba por las carreteras y ser enviados hacia otros puntos del país.Trabajadores y operadores de empresas de transporte y mensajería podían terminar movilizando material explosivo sin conocer el contenido real de los paquetes que tenían bajo su responsabilidad. La cadena clandestina, de acuerdo con la investigación, aprovechaba así infraestructura comercial utilizada diariamente para transportar mercancías.Uno de los allanamientos dentro del caso. Foto:CortesíaLa red, sin embargo, no dependía únicamente del contrabando fronterizo. Las pesquisas de la Dijín identificaron una segunda modalidad que permitía obtener insumos dentro del mercado legal. Según las autoridades, sus integrantes recurrían al engaño de empresas constituidas y autorizadas para comercializar estos productos.Para concretar las operaciones utilizaban documentación con información que las autoridades calificaron como espuria. El material era adquirido inicialmente mediante procedimientos que buscaban aparentar legalidad y, una vez obtenido, era desviado hacia organizaciones armadas y estructuras delincuenciales.Ese movimiento entre mercados legales e ilegales es uno de los puntos que deja la investigación. La estructura no solamente tenía capacidad para conseguir material en cuatro países y trasladarlo por la frontera, sino que habría encontrado mecanismos para aprovechar proveedores autorizados en Colombia. El resultado terminaba siendo el mismo: sacar explosivos de los canales regulados y llevarlos hasta organizaciones que no podían adquirirlos legalmente.De la frontera a cuatro departamentosLos investigadores ubicaron parte del destino de esos cargamentos en Antioquia, Arauca, Cundinamarca y Boyacá. Allí, según la Policía, el material tenía dos mercados: estructuras armadas que requerían explosivos para sus acciones y organizaciones relacionadas con la explotación ilícita de yacimientos mineros.Otro de los materiales incautados. Foto:CortesíaEn el primer caso, las autoridades investigan el suministro de componentes utilizados para fabricar artefactos explosivos improvisados destinados a ataques contra integrantes de la Fuerza Pública y contra infraestructura. En el segundo, los insumos eran comercializados para actividades de minería ilegal, una economía de la que obtienen recursos distintas estructuras criminales.Esa doble demanda ayuda a explicar el negocio que rodeaba el abastecimiento. Los explosivos podían pasar por varios intermediarios desde su adquisición en el exterior hasta llegar al comprador final, aumentando su precio en cada etapa.Las cuentas que tienen los investigadores muestran el tamaño de ese margen. La Policía calcula que ‘Orión’ podía obtener una rentabilidad cercana al 200 por ciento y generar alrededor de 1.830 millones de pesos al año.Un detonador adquirido fuera de Colombia por aproximadamente 20.000 pesos podía comercializarse en el país hasta por el doble de ese valor. El precio final variaba, según la investigación, dependiendo de la estructura armada que recibiera el material.Momentos en que fue capturado uno de los integrantes de la red. Foto:CortesíaLos 17.000 detonadoresLa operación contra ‘Orión’ permitió dimensionar la capacidad de almacenamiento que tenía la red. Además de los 17.000 detonadores procedentes de Bolivia, fueron incautados 100 kilogramos de clorato de potasio, sustancia utilizada como componente para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.También quedaron en poder de las autoridades una escopeta calibre 16, un arma traumática con seis cartuchos, otros seis cartuchos de diferentes calibres, 7,2 millones de pesos en efectivo, nueve teléfonos celulares y un vehículo que, según la investigación, hacía parte de la logística de la organización.Precisamente dentro de ese vehículo fueron encontrados los detonadores. El automotor estaba en poder de José Arévalo, conocido como ‘Paisa’ o ‘Paisita’, uno de los seis capturados durante las diligencias.La captura de los seis hombres no corresponde a una investigación que comenzara con los allanamientos de este 8 de septiembre. Los movimientos de la red venían siendo rastreados por el Grupo Investigativo de Delitos Contra la Seguridad Pública y el Terrorismo, Grate, de la Dijín, en coordinación con la Fiscalía.Una de las piezas que permitió avanzar en esa línea fue alias ‘El Viejo’, señalado como enlace para el suministro de armamento y explosivos y capturado el pasado 12 de mayo. A partir de las investigaciones sobre esos circuitos, las autoridades fueron reconstruyendo conexiones, mecanismos de adquisición y rutas de distribución.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.