Hace casi diez años, el asesinato de Paola Buenrostro —una mujer trans, amiga, trabajadora sexual y con proyectos de vida— abrió en México una discusión sobre la extendida violencia por prejuicio que enfrentan las personas trans. Especialmente, sobre las barreras, la impunidad y la revictimización con las que se topan cuando buscan justicia. Su caso terminaría convirtiéndose en un referente para varios avances jurídicos en el país, entre ellos la tipificación del transfeminicidio y la necesidad de investigar estos crímenes con perspectiva de género.
La madrugada del 30 de septiembre de 2016, Buenrostro subió al automóvil de Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien había solicitado sus servicios. El vehículo avanzó unos metros y, poco después, Delgadillo —guardia de seguridad y autorizado para portar un arma únicamente durante su jornada laboral— le disparó. Amigas y compañeras de la mujer, aparte de presenciar los hechos, detuvieron al presunto agresor y lo pusieron a disposición de la Fiscalía en la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, poco después, un juez ordenó su liberación al considerar que no había elementos suficientes para vincularlo con el asesinato. Durante años permaneció prófugo.
