Dos diputadas del partido Obras inclinaron la balanza para que la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad aprobara una opinión favorable que permitiría al Gobierno de Keiko Fujimori realizar modificaciones normativas en materia ambiental. Únete a nuestro canal de política y economía Se trata de Jeenny Samanez y Andrea Medina, quienes participaron en dicha comisión y jugaron un rol determinante para aprobar la iniciativa que se encuentra sustentada en el pedido de facultades. TE RECOMENDAMOSMINISTRO DEL INTERIOR LANZA LISURA EN CONSEJO DE MINISTROS DE KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA Durante la votación, Jeenny Samanez respaldó el dictamen que planteaba una opinión a favor; mientras que su colega Andrea Medina optó por la abstención. De esta manera, el oficialismo y la oposición lograron un empate de nueve votos a favor y nueve en contra. Con ello, el fujimorista Arturo Alegría, en su calidad de presidente de la comisión de Medio Ambiente emitió su voto dirimente logrando su aprobación. Tras la votación, Victor Piñán, vocero de Obras, dijo a La República que su bancada mantiene una postura selectiva frente a la delegación de facultades al Ejecutivo, limitándola únicamente a seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, por lo que el voto de las parlamentarias respondió a una "descoordinación" interna que ya fue conversada para alinear la conducta partidaria con el bloque de oposición. “Hemos sostenido una reunión como bancada donde hemos reafirmado nuestra posición inicial. Vamos a otorgar dentro de la delegación de facultades solamente los temas más importantes y urgentes para el país, que son dos principalmente, seguridad ciudadana y Fenómeno El Niño. Son las dos únicas materias sobre los cuales nosotros vamos a otorgar estas facultades al Ejecutivo. Sobre el resto, no”. Sobre el voto de las diputadas Jeenny Samanez y Andrea Medina. El vocero reconoció que la actuación de ambas parlamentarias en la Comisión de Ambiente no estuvo alineada con el partido. "El día de ayer en la votación ha habido una descoordinación con las dos diputadas, una que aprobó por todo favor del informe (...) y otra colega que se abstuvo. Entonces, ya se coordinó con ellas y hemos para corregir estas descoordinaciones”. Además, resaltó que seguirán trabajando de la mano con las demás fuerzas opositoras. “Hemos aclarado ya como bancada y hemos señalado que vamos a seguir la línea política que se está trazando desde la coordinación que se tiene también a nivel de la alianza con las tres otras bancadas que forman el bloque de oposición”. Propuesta y debate El Ejecutivo propone aplicar el silencio administrativo para aprobar instrumentos de gestión ambiental fuera del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También plantea la aprobación automática de proyectos cuando no afecten áreas naturales protegidas. En el debate, el parlamentario Harvey Colchado (Ahora Nación) alertó acerca del peligro de implementar modificaciones en normativas ambientales. “La demora de una entidad no puede convertirse automáticamente en una autorización para desarrollar una actividad que podría afectar el agua, la salud y los bosques. No podemos presumir que un proyecto es ambientalmente viable; debemos certificarlo”. La legisladora Giannina Avendaño Vilca (Juntos por el Perú) indicó que reformar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental exige una revisión profunda, pues dicha estructura resguarda derechos vinculados a la salud, el entorno natural y las áreas protegidas, más allá de incentivar inversiones. Además, requirió recopilar las opiniones técnicas del Indecopi, el COES y el Ministerio de Energía y Minas sobre los eventuales ajustes en el sector eléctrico. Asimismo, apuntó que toda intervención en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre tiene que respetar los derechos indígenas y la consulta previa que le dio origen. Aunque la opinión aprobada por la comisión señala que supervisará los decretos promoviendo la sostenibilidad y la protección ambiental, especialistas advierten que los cambios propuestos debilitan los mecanismos de fiscalización. Un informe técnico de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) también alertó que varias de las medidas del Ejecutivo presentan riesgos e inviabilidades constitucionales. El documento de la SPDA puntualiza que recurrir a la aprobación automática o al silencio administrativo positivo en los instrumentos de gestión ambiental resulta “incompatible con la naturaleza preventiva» del SEIA y es una “medida regresiva que va en contra de la protección de recursos naturales”, lo que además “pone en riesgo los recursos hídricos” y los derechos fundamentales ligados a un ambiente sano. De igual modo, la institución advierte que restringir las opiniones técnicas vinculantes de entidades como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) o la Autoridad Nacional del Agua (ANA) vulneraría el control ambiental en zonas protegidas y fuentes de agua. Además, el análisis advierte que dar prioridad a las concesiones forestales desconoce la posesión de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Se señala que buscar "flexibilizar las reglas aplicables al aprovechamiento de recursos naturales dentro de las áreas naturales protegidas (ANP)", permitir la extracción petrolera con el pretexto de "compatibilizar la protección” de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), o dar armas no letales a los guardaparques equiparando su rol al de "agentes de seguridad interna", son medidas que amenazan la conservación. El partido no se ha pronunciado sobre la postura que van a tomar con relación a las facultades legislativas. Sin embargo, el diputado César Padilla de Obras indicó que el partido se reuniría este martes para evaluar la posición oficial.