NoticiaLa medida busca contener el costo de vida en las regiones afectadas por el terremoto, aunque genera inquietud por el incremento del déficit fiscal Foto: ISTOCK07.09.2026 14:57 Actualizado: 07.09.2026 14:57
El Gobierno de Colombia determinó mantener sin variaciones los precios de la gasolina y el diésel durante el mes de septiembre en todo el territorio nacional. La decisión se adoptó en Bogotá como un mecanismo de contención económica frente a la emergencia provocada por un reciente terremoto, con el fin de evitar incrementos en el costo de transporte, alimentos y bienes de primera necesidad para las familias afectadas. Pese al beneficio social directo, analistas del sector advierten sobre el incremento en la presión financiera que esta medida representa para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).La contención en los precios de los combustibles evita un efecto en cadena sobre los índices de inflación. Dado que el transporte de carga y de pasajeros depende directamente del costo de los insumos energéticos, un incremento en la gasolina o el diésel habría encarecido el traslado de alimentos hacia las zonas de abastecimiento y la movilización en las áreas afectadas por la catástrofe natural.La medida busca así proteger el poder adquisitivo de los hogares y facilitar la estabilidad comercial en un contexto de logística compleja tras el sismo.La diferencia en el precio de cada ciudad depende de ciertos factores. Foto:iStockDesde la perspectiva de las finanzas públicas, la decisión amplía la brecha entre los precios locales y los valores de referencia internacional, especialmente en el caso del diésel.Christian Quiñones, exsubdirector de Fiscalización de la DIAN y CEO de Clevertax Assessment, señaló que mantener congeladas las tarifas incrementa los pasivos del FEPC debido a la continuidad del subsidio. “Estamos ante una situación extraordinaria de emergencia y cualquier forma que exista para ayudar a que estos territorios puedan salir a flote, reconstruirse, estabilizarse y recuperarse es bienvenida” sentenció el especialista tributario.Aunque el proyecto de presupuesto contemplaba recursos cercanos a los $9,6 billones de pesos para cubrir estas obligaciones, la extensión del congelamiento podría elevar el costo fiscal final previsto para el periodo.La evaluación de la medida plantea un dilema entre la asistencia inmediata a las poblaciones vulnerables y la disciplina fiscal del Estado. Quiñones indicó que la coyuntura extraordinaria provocada por el terremoto justifica la adopción de herramientas excepcionales que apoyen la reconstrucción y reactivación de los territorios impactados.Sin embargo, el factor determinante para las finanzas públicas será la duración de esta disposición. Un congelamiento prolongado por varios meses sin una fuente clara de financiación adicional aumentaría los riesgos de descalce presupuestal en el FEPC y en los indicadores fiscales del país. Sigue toda la información de Economía en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
