En medio de los cuestionamientos de la oposición -y también del oficialismo- a la reforma constitucional en materia de seguridad, la decisión del Ejecutivo y del Parlamento es colocarle presión esta semana al despacho de algunas iniciativas de la Agenda contra el Crimen y el Terrorismo (ACOT).
La visión que impera en los partidos base de La Moneda es que, con el ingreso al último cuatrimestre del año, los plazos se hacen más estrechos para cumplir con el objetivo del Presidente José Antonio Kast de tener esta agenda aprobada antes de fin de año. Y cumplir con ello -a nivel legislativo- con una de sus principales promesas de campaña.
Este martes, durante una hora -desde las 16.00 hasta las 17.00- la Sala del Senado está convocada para debatir el proyecto de ley que busca aumentar el plazo máximo de flagrancia ante hechos ilícitos.
Como es habitual en esa corporación, inmediatamente terminada la discusión se votará el proyecto que fue ingresado en diciembre de 2023 por un grupo de senadores de Renovación Nacional -entre ellos el actual ministro de la Sepgres, José García Ruminot-, y que fue recogido por el gobierno del Presidente José Antonio Kast en el marco de su agenda de seguridad.
En lo medular, la iniciativa contempla aumentar el plazo de hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas -plazo que se considera que se está perpetrando un delito o que aún hay pruebas suficientes para sospechar que se cometió-, además de conferirles facultades autónomas a las policías para concretar acciones, entre ellas la recopilación de pruebas o toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.
