Noticia Exclusivo suscriptores Cifras conocidas por EL TIEMPO revelan que, entre agosto de 2022 y junio de 2026, entidad registró 313 incidentes contra personas bajo su protección.Sede de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Foto: César Melgarejo/El Tiempo06.09.2026 22:46 Actualizado: 06.09.2026 22:46
La Corte Constitucional le ordenó la semana pasada a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar una rueda de prensa de alcance nacional para ofrecer disculpas públicas a la familia del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en 2025. La decisión se produjo en el marco de una solicitud de información presentada por la esposa de la víctima, María Claudia Tarazona, quien exigía respuestas de fondo a una entidad sobre la que recaía una responsabilidad mayúscula: proteger la vida de quien se perfilaba como una de las figuras del Centro Democrático para los comicios de este año.El expediente volvió a poner sobre la mesa los protocolos implementados durante la administración del exdirector Augusto Rodríguez, periodo en el que se perpetró el magnicidio de Uribe Turbay. Información conocida por EL TIEMPO revela que durante el gobierno de Gustavo Petro fueron asesinadas, en total, 37 personas que estaban bajo protección de la UNP. Un análisis de cifras oficiales muestra que, entre agosto de 2022 y junio de 2026, la entidad registró 313 incidentes de seguridad contra personas que contaban con esquemas de protección, entre ellos 276 atentados. Las cifras confirman que, pese a contar con medidas de protección estatal, Uribe Turbay, así como líderes sociales, comunitarios y étnicos, estuvieron entre los blancos de la violencia armada en Colombia. Los datos muestran que, en promedio, durante el periodo analizado se registró cerca de una muerte violenta por mes de una persona protegida por la UNP. Miguel Uribe Turbay siguió la trayectoria política de su familia, a pesar del dolor vivido. Foto:EL TIEMPOLa cifra alcanzó su punto más alto en 2023 y 2024, con 12 asesinatos en cada año, mientras que 2025 cerró con ocho casos. En 2026, con apenas cinco meses completos incluidos en el registro, ya se contabilizan dos homicidios. Uno de ellos fue el de Cristian Herrera, periodista y director de los portales Cúcuta al Rojo Vivo y Cúcuta Real, asesinado a tiros el 6 de junio de 2026 cuando llegaba a su vivienda en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Herrera contaba con protección de la UNP desde 2014 debido a amenazas relacionadas con su labor periodística, pero al momento del ataque no iba acompañado de escoltas, pues había solicitado voluntariamente prescindir del acompañamiento.El segundo caso corresponde a Freiman David Velásquez, líder social y miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), asesinado el 19 de mayo de 2026, cuando hombres armados interceptaron y atacaron a tiros el vehículo de la UNP en el que se movilizaba por la vía entre Ocaña y Ábrego, Norte de Santander. En el ataque murieron seis personas, entre ellas sus dos escoltas y otros acompañantes. El sindicato de la UNP señaló su asesinato como una muestra de las dificultades que enfrenta la protección estatal de líderes sociales en zonas de conflicto como el Catatumbo.La relación entre atentados y asesinatos muestra que, por cada persona asesinada, la UNP registró más de siete atentados contra personas protegidas. La Unidad Nacional de Protección. Foto:Redes socialesEsa proporción, sin embargo, no constituye por sí sola un indicador de la efectividad de los esquemas de protección. Las cifras permiten dimensionar la frecuencia con la que personas bajo medidas de seguridad del Estado continuaron siendo objeto de ataques durante el periodo analizado.Los más afectados: al desagregar los asesinatos por departamento, tres regiones concentran la mayor cantidad de casos, con cinco homicidios cada una: Cauca, Norte de Santander y Valle del Cauca. Les siguen Nariño y Arauca, con cuatro asesinatos cada uno. Estos cinco departamentos concentran el 64 % de todos los homicidios registrados de personas protegidas por la UNP durante el periodo del gobierno de Gustavo Petro.Cauca, además, acumula 48 de los 276 atentados registrados, equivalentes al 17 % del total nacional. Le siguen Nariño, con 33; Valle del Cauca, con 26; Norte de Santander, con 25, y Antioquia y Arauca, con 18 cada uno. Son departamentos en los que confluyen economías ilícitas, disputas territoriales entre estructuras armadas y procesos de restitución de tierras, en medio de escenarios de riesgo para quienes ejercen liderazgos sociales.Augusto Rodriguez, exdirector de la Unidad Nacional de Protección Foto:UNPAl revisar el perfil de las víctimas, los datos muestran que los dirigentes, representantes o activistas de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como representantes de víctimas y de organizaciones sociales, comunales o campesinas, constituyeron la población con mayor número de casos: 10 asesinatos, equivalentes al 28 % del total, y 69 atentados, que representan el 25 %. En segundo lugar aparecen los dirigentes, representantes o miembros de grupos étnicos, con ocho asesinatos y 49 atentados. Las cifras ubican así a integrantes y representantes de comunidades indígenas y afrodescendientes entre las poblaciones con mayor número de hechos registrados durante el periodo. Las víctimas de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluidos líderes de restitución de tierras y representantes de población desplazada, ocuparon el tercer lugar, con cuatro asesinatos y 27 atentados.Otras poblaciones afectadas fueron los servidores públicos, con un asesinato y 27 atentados; los desmovilizados en proceso de reintegración a cargo de la Agencia Colombiana para la Reintegración, con tres asesinatos y 17 atentados, y los firmantes del acuerdo de paz, con dos asesinatos y 11 atentados.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
