Tres militares muertos, seis heridos y dos ataques con drones en una misma noche volvieron a poner al Catatumbo en el centro de la discusión sobre seguridad. El Eln atacó el viernes el Cantón Militar El Trapiche, en Ocaña, y la subestación de Policía de Guamalito, en El Carmen, mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella intenta contener una expansión del conflicto que ya alcanza municipios del sur del Cesar. Los atentados ocurren, además, cuando el Ejecutivo comienza a mostrar los dientes de su estrategia militar: más operaciones ofensivas, persecución de jefes criminales y una promesa presidencial que resume el giro frente a su antecesor: imponer la seguridad o la paz con las armas.
La respuesta del Gobierno a esta escalada violenta de los últimos días fue reforzar esa apuesta. El ministro de Defensa Jorge Eduardo Mora anunció la reorganización de la campaña militar y policial llamada Esparta, mediante el bloqueo de corredores utilizados para movilizar armas y hombres, y dos centros para integrar inteligencia y judicialización. Es una estrategia que comienza a tomar forma, pero cuyos riesgos fueron advertidos antes de la posesión. Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina de Crisis Group, señaló a El Espectador que operaciones que no anticipen las repercusiones y represalias de los grupos pueden romper fácilmente la confianza con las comunidades.
