Pol�ticaConsidera que la "incomparecencia" de Robles, Albares y Marlaska cuando fueron llamados a responder sobre la gesti�n de la crisis en Ceuta supone un "pisoteo" de la leyLa portavoz del PP en el Senado, Alicia Garc�a, en una imagen de archivoActualizado Domingo,
septiembre
11:20Audio generado con IAA finales del mes de agosto, Margarita Robles (ministra de Defensa), Jos� Manuel Albares (Exteriores) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) dejaron su silla vac�a en la comisi�n del Senado a la que cada uno hab�a sido convocado para explicar su gesti�n de la crisis en Ceuta. El PP, con mayor�a absoluta en la C�mara Alta, ya respondi� pol�ticamente a este plant�n anunciando la reprobaci�n de los tres miembros del Gobierno -algo que se materializar� en el Pleno de esta semana-. Y, ahora, se dispone a censurar la actuaci�n de los ministros tambi�n por la v�a judicial, ante el Tribunal Constitucional.Los populares llevan a la sesi�n parlamentaria de este mi�rcoles un nuevo conflicto de atribuciones para que el corte constitucional dirima sobre las "ausencias" de Robles, Albares y Marlaska en el Senado. A juicio del partido de Alberto N��ez Feij�o, que ya anunci� que llevar�a tambi�n ante el Tribunal Supremo las "incomparecencias", estos plantones al Senado suponen un "pisoteo" de la ley. Acusan al Ejecutivo de haber "impedido que el Senado pueda ejercer una de las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas: la funci�n de control al Gobierno"."Las sillas vac�as de los ministros no pueden quedar impunes, y seguiremos llevando a los tribunales la decisi�n del Gobierno de esconderse del Senado y de huir de los espa�oles", ha se�alado la portavoz popular en la C�mara Alta, Alicia Garc�a, en unas declaraciones remitidas a los medios en las que tilda de "aut�ntica verg�enza" lo ocurrido.Los ministros justificaron su ausencia en el Senado en que, d�as despu�s, comparecieron en el Congreso bajo el mismo tel�n de fondo. El Gobierno comunic� al Senado que entend�a "cumplida su obligaci�n de sometimiento a control y explicaciones a las Cortes Generales mediante las comparecencias solicitadas a petici�n propia ante varias comisiones del Congreso", seg�n recoge el PP, al que sin embargo este argumento no le convence: afea a los tres cargos del Gobierno que ofrezcan las explicaciones "que les conviene, en la fecha que les conviene y en las condiciones que les convienen"."El Gobierno no puede elegir unilateralmente qu� C�mara le controla, cu�ndo comparece ni en qu� condiciones lo hace", protesta Garc�a, recordando que la citaci�n a dar explicaciones en el Senado "no es una invitaci�n", sino "una obligaci�n constitucional y parlamentaria".El Reglamento de la C�mara Alta establece que los miembros del Gobierno "est�n obligados a comparecer ante las comisiones y sus �rganos" conforme a lo establecido en dos art�culos de la Constituci�n: el 76 y el 110. El primero se refiere a la normativa para las comisiones de investigaci�n, mientras que el segundo, m�s general, fija que "las C�maras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno". A todo ello se aferra el PP para dirigirse ahora al Tribunal Constitucional en busca de censura al plant�n de los ministros.No es la primera vez que los populares toman esta v�a -han planteado 13 choques institucionales en esta legislatura-. Lo hicieron incluso contra el presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, cuando el pasado febrero plantearon al Constitucional un conflicto de atribuciones contra �l despu�s de que no compareciera en el Pleno extraordinario convocado tras el accidente ferroviario de Adamuz. Es la primera vez en la historia de la democracia que se impulsaba este choque contra un jefe del Ejecutivo, aunque el Constitucional a�n no se ha pronunciado sobre ello.El conflicto de atribuciones es un mecanismo al que pueden recurrir distintos �rganos del Estado -como el Senado- cuando consideran que otra instituci�n "adopta decisiones asumiendo atribuciones" que le son propias -de acuerdo con la legislaci�n vigente-. Este choque entre �rganos del Estado queda regulado en la Ley Org�nica del Tribunal Constitucional, que se�ala que la corte de garant�as "determinar� a qu� �rgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas y declarar� nulos los actos ejecutados por invasi�n de atribuciones".
