El juicio por la balacera que se descargó contra el Club Yapeyú el 9 de septiembre de 2023 y causó la muerte de Gabriela Pérez (22), una joven empleada de una empresa de limpieza, corre el velo sobre violentas disputas por drogas, dominio de barrabravas y poder territorial de gremios con terminales en el poder político de Córdoba. El crimen de Gabriela fue el clímax de disputas violentas entre el Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac) y el Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac). El primero maneja unos 20.000 afiliados en toda la provincia y el segundo unos 3.000 en la ciudad de Córdoba.
Gabriela Pérez era una joven empleada de limpieza, de 22 años, que cayó herida durante la balacera descargada el 9 de septiembre de 2023 contra el Club Yapeyú.
El juicio para esclarecer el homicidio de la joven trabajadora comenzó el martes pasado en la Cámara 3a del Crimen, integrada por los vocales Gustavo Ispani —presidente—, María de los Ángeles Palacio, Leandro Quijada y ocho jurados populares. El caso tiene una densidad que excede lo que se ventila entre las paredes de Tribunales 2. El objetivo es esclarecer un homicidio, pero aparece un trasfondo complejo que tiene como protagonista al secretario general del Soelsac, Sergio Fittipaldi —querellante—, quien acusó de querer arrebatarle el gremio al dirigente del Surrbac, Franco Saillén, quien respaldó a una lista opositora durante el proceso eleccionario de 2023.
