Mientras el Gobierno nacional sostiene que el sobreendeudamiento familiar y la asfixia del consumo son estrictamente 'un problema entre privados' sin espacio para la intervención estatal, la provincia de Córdoba ha decidido patear el tablero. En los últimos días, el gobernador Martín Llaryora y su ministro de Economía, Guillermo Acosta, estructuraron un paquete de medidas contracíclicas de fuerte impacto financiero y tributario. La premisa es clara: ante una recesión que golpea directamente los bolsillos, la Provincia utiliza su banca pública y sus herramientas fiscales para amortiguar el impacto social.
Asistencia para deudores
El corazón de este paquete es 'Alivio Cordobés'. El diagnóstico provincial es preocupante: hay 3,8 millones de cuentas de personas físicas en Córdoba y 738.000 están en mora. El proyecto de ley aprobado por la Legislatura busca rescatar a más de 250.000 endeudados.
Los beneficiarios elegibles son aquellos residentes con al menos dos años de antigüedad que estén clasificados en Situación 2 o 3 en la Central de Deudores del BCRA al 31 de julio de 2026, y cuyos ingresos familiares no superen los 10 salarios mínimos (aproximadamente $3,7 millones).
La medida unifica deudas corrientes (tarjetas y préstamos personales) en una cuota previsible a plazos de entre 24 y 48 meses. Lo más disruptivo es el tope de la Tasa Nominal Anual (TNA) en 35%, la mitad del mercado (que promedia el 70%). Para viabilizar este esquema sin forzar pérdidas en las entidades, la Provincia otorga una alícuota del 0% en Ingresos Brutos sobre los intereses de estas refinanciaciones.
