Noticia Exclusivo suscriptores Los atentados son respuesta a operaciones renovadas de la Fuerza Pública. En el Catatumbo, 700 niños no han regresado a clases por amenaza de minas.Así quedó la estación de Policía de Los Patios, Norte de Santander, tras el carro bomba del lunes. Foto: Jhon Torres, EL TIEMPO05.09.2026 21:18 Actualizado: 05.09.2026 21:18
Álvaro Mojica había pasado por la estación de policía de Los Patios, Norte de Santander, unos minutos antes. Era una noche cualquiera de trabajo para el longevo taxista, hasta que, al regresar por la misma avenida, escuchó un estruendo.Frente a la estación había fuego y una escena de terror. Entre el ruido y la confusión quedaron los lamentos de dos uniformados heridos, un sonido que Mojica recuerda como desgarrador y que lo mantuvo alterado durante varias horas.En este atentado, ocurrido el 31 de agosto, murió un ciudadano venezolano y resultaron heridos dos policías y nueve civiles. Fue el último episodio de un agosto particularmente violento en Norte de Santander. Pero para Mojica significó algo más que otro ataque en un departamento acostumbrado a hablar de conflicto armado.Estación de Policía Los Patios, en Cúcuta. Foto:Cortesía“La violencia ya la tenemos en la ciudad, ya uno no se debe cuidar de los ladrones, sino también de los terroristas”, dice. La frase resume una sensación que empieza a repetirse entre los nortesantandereanos. La violencia que durante años se ha asociado con las zonas rurales del Catatumbo parece estar cada vez más cerca de las ciudades.El mes había comenzado con la explosión de un vehículo tipo NPR frente a las instalaciones del Departamento de Policía Norte de Santander, en Cúcuta, mientras la ciudad celebraba sus ferias y fiestas. Después vinieron los ataques contra unidades militares y policiales en distintos municipios del departamento.En Convención fueron utilizados 43 artefactos explosivos contra la base militar La Esmeralda; en El Carmen, un ataque con drones dejó muerto al sargento segundo Yuver Gutiérrez Torres, y en Ábrego, otro ataque con aeronaves no tripuladas mató al soldado Neiver Madera Ricardo y dejó cinco militares heridos.El coronel Jimmy Belalcázar, comandante (e) de la Policía de Cúcuta, Foto:Redes Sociales.El 20 de agosto, tres subestaciones de policía de El Zulia y Tibú fueron atacadas con drones acondicionados con explosivos. No hubo personas heridas, pero sí daños materiales. Eleven días después, el ataque volvió a producirse en un escenario urbano.En el departamento hacen presencia el Eln, las disidencias del frente 33, estructuras que buscan controlar corredores hacia Venezuela y economías ilegales que durante décadas han financiado la presencia armada.Para Luis Fernando Niño, alto consejero de Paz de la Gobernación de Norte de Santander, esa sucesión de hechos debe entenderse dentro de una crisis que sigue teniendo al Catatumbo como uno de sus principales escenarios, aunque sus consecuencias ya se sienten en otros municipios.El funcionario asegura que los grandes desplazamientos registrados durante la crisis de comienzos de año disminuyeron, pero que continúan los movimientos interveredales e intermunicipales. Como ejemplo, menciona 20 núcleos familiares que, según su reporte, recientemente se trasladaron de Campo Giles hacia Tibú y El Tarra.La región de El Tarra, en Catatumbo. Foto:CortesíaPero hay otra amenaza que, para él, ha cambiado la forma en que las comunidades viven el conflicto: el uso de drones. No todos cumplen la misma función. Algunos tienen megáfonos y son utilizados para transmitir mensajes; otros sirven para vigilar comunidades y líderes sociales. Y están los que son acondicionados con explosivos para atacar a la Fuerza Pública y, según advierte, también a la población civil.“Yo estuve allí y usted ve la sensación de pánico y de ansiedad que genera ver un dron sobrevolando su casa o la plaza pública. Inmediatamente la gente corre, la gente se esconde, la gente cree que allí va a caer un explosivo”, relata.Niño sostiene que escuelas y templos también han quedado dentro de esta dinámica y advierte que la capacidad tecnológica para enfrentar los ataques todavía es limitada.Presidente Abelardo De La Espriella en consejo de seguridad de Cúcuta. Foto:Fuerzas MilitaresLas cifras que entrega muestran que los hechos de agosto no ocurrieron sobre un territorio en calma. De acuerdo con el funcionario, en 11 municipios del Catatumbo hay 111.000 personas desplazadas, 3.000 confinadas y 200 asesinatos. A esto suma 55.000 hectáreas de coca y 717 niños que, según su reporte, no han podido ingresar a las escuelas por amenazas de minas antipersona.Ocaña en esa realidadEmiro Cañizares, alcalde del municipio, sostiene que lo que ocurre en el Catatumbo termina repercutiendo en su ciudad. “Todo lo que ocurra en el Catatumbo termina repercutiendo en su ciudad, positiva o negativamente, termina afectando a Ocaña”, afirma al hablar especialmente de las carreteras. Su preocupación está puesta en los corredores Ocaña-Ábrego-Cúcuta y Ocaña-Río de Oro-Aguachica, además de los diferentes accesos y salidas del municipio.En Tibú, corazón del Catatumbo. Foto:Jesús Blanquicet. EL TIEMPOPero la dimensión de la violencia también puede observarse en espacios donde no hay uniformados, fusiles ni barricadas. Tania Manzano, directora de la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, precisó que la asistencia a la Fiesta del Libro de Cúcuta disminuyó el martes siguiente al atentado de Los Patios.Durante años, el conflicto parecía tener una geografía clara en Norte de Santander. Agosto desordenó esa idea. Un carro bomba en Los Patios, ataques con drones contra la Fuerza Pública y comunidades que se esconden al escuchar un aparato sobrevolar sus casas mostraron que esa frontera es cada vez más difícil de sostener.Redacción JusticiaJusticia@eltiempo.comMás noticias de Justicia: Sigue toda la información de Justicia en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
