El ultimátum ya llegó a las casillas de correo de los grandes despachos corporativos. En una movida agresiva para cortar la injerencia británica en el Atlántico Sur, el Gobierno notificó a 180 empresas vinculadas al negocio del petróleo en las Islas Malvinas. El mensaje, blanqueado desde la Cancillería, no deja lugar a grises: “Ya fueron anoticiadas la semana pasada de que deben tener cuidado, van a tener que elegir. O van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”, advirtió. El encargado de ponerle el cascabel al gato fue el canciller Pablo Quirno. De paso por la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) en Misiones, el funcionario explicó que están afilando la ley 26.659, la norma que prohíbe operar en Argentina a los que hagan negocios en el archipiélago. La diferencia sustancial, marcó el ministro, es que cuando se dictó esa normativa en 2011 "no existía Vaca Muerta", por lo que hoy el país tiene una herramienta gigante para "generar ese desincentivo" en las multinacionales. Quirno advirtió que las empresas "tendrán que elegir" cómo manejarse para no ser sancionadas Quirno detalló que el nuevo decreto reglamentario ampliará el radar para darle "celeridad a las sanciones" a toda la red de contención logística: "proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera". Para blindar la jugada, metieron un filtro extra: “Hemos incluido una declaración jurada de los aspirantes a los beneficios del RIGI, que tengan que decir ellos que no están en violación de la ley”.