Las cuestiones que, por su trascendencia histórica, deberían estar definitivamente a salvo de las necesidades electorales de cualquier gobierno, y Malvinas es una de ellas. No pertenece a Milei, ni a su gobierno, ni a ningún partido político. Es una causa nacional que atravesó generaciones, gobiernos civiles y militares, dictaduras y democracias, y que tiene fundamentos históricos y jurídicos que no necesitan ser reinventados cada vez que un presidente descubre la utilidad política de pronunciar la palabra soberanía. Por eso, antes de dejarse impresionar por la escenografía, las palabras solemnes y los anuncios realizados por el presidente Milei el 3 de septiembre, conviene hacer algo elemental: revisar sus propios antecedentes, observar qué ocurrió efectivamente durante casi tres años de gobierno y, sobre todo, comprobar cuánto de lo anunciado es realmente nuevo y cuánto constituye la utilización tardía de instrumentos legales que la Argentina tiene desde hace más de una década, ya que una cosa son los discursos y otra muy distinta las políticas de Estado. De los "votos con los pies" a la población implantada Milei ayer sostuvo que los isleños, "al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación", lo que no es nada nuevo y coincide con la posición que la Argentina ha sostenido durante décadas: la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido e insta a ambos gobiernos a negociar teniendo en cuenta los intereses —no los deseos ni una supuesta voluntad soberana— de los habitantes de las islas. Pero Milei no siempre se expresó con semejante claridad, ya que el 2 de abril de 2025 había afirmado: "Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros".