NoticiaFabio Arjona cuestionó la forma como el anterior Gobierno adelantó la delimitación del páramo y aseguró que ahora sí se escuchará al territorio.La medida cobijaba 19 municipios de Santander y Norte de Santander, pero el juzgado determinó que el proceso vulneró derechos de las comunidades. Foto: Ministerio de AmbientePERIODISTA DE MEDIOAMBIENTE Y SALUD04.09.2026 09:09 Actualizado: 04.09.2026 09:09
El Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga ordenó dejar sin efecto la Resolución 0992 de 2026, mediante la cual el Ministerio de Ambiente había establecido una delimitación progresiva o parcial del Páramo de Santurbán, al considerar que durante el trámite fueron vulnerados los derechos fundamentales de las comunidades a la participación ambiental efectiva, el acceso a la información pública ambiental y el debido proceso administrativo.La decisión judicial afecta una resolución expedida el 6 de agosto de 2026, durante el Gobierno de Gustavo Petro, con la que fueron delimitadas 29.199,44 hectáreas del ecosistema en 19 municipios de Santander y Norte de Santander. De acuerdo con el fallo, la medida fue adoptada sin que se hubieran respetado plenamente los acuerdos alcanzados con las comunidades y mientras el proceso de concertación todavía se encontraba en desarrollo. LEA TAMBIÉN El ministro de Ambiente, Fabio Arjona, reaccionó a la decisión y cuestionó la forma en que, según su posición, fue adelantado el proceso por el anterior Gobierno. “Todo lo que hicieron en Santurbán estaba mal hecho. Estas son las consecuencias de hacer todo a las carreras y sin la debida participación… y lo dice un juez”, afirmó Arjona a través de su cuenta en la red social X.De acuerdo con la decisión judicial no hubo participación completa de las comunidades. Foto:IRENE VÉLEXEl jefe de la cartera de Ambiente agregó un señalamiento sobre las motivaciones que, en su opinión, estuvieron detrás de las decisiones adoptadas durante el Gobierno anterior. “Y yo le agrego: con el interés de favorecer a un grupito”, señaló, sin identificar en esa declaración a quiénes se refería.Arjona también sostuvo que la administración que encabeza el presidente Abelardo de la Espriella buscará abordar el proceso de otra manera. “A diferencia de ellos, en la Patria Milagro: Sí protegemos el agua. Sí conservamos el páramo. Sí escuchamos el territorio para hacerlo bien”, manifestó.La reacción del ministro se produjo luego de que el juzgado cuestionara precisamente la manera en que se adelantó la participación de las comunidades. Uno de los principales reparos está relacionado con el momento en que fue expedida la resolución. El Ministerio de Ambiente adoptó la delimitación el 6 de agosto, apenas 19 días después de la jornada de concertación realizada en Bucaramanga el 18 de julio, sin que antes hubiera emitido un pronunciamiento motivado e individualizado frente a las observaciones formuladas por la ciudadanía.La situación cobró mayor relevancia durante el proceso judicial porque, según quedó registrado en el expediente, el propio Ministerio informó mediante un oficio del 18 de agosto de 2026 que la delimitación llevaba un avance cercano al 70 por ciento en la fase de concertación. Esto significaba, de acuerdo con el fallo, que la propia entidad reconocía que esta etapa todavía estaba en desarrollo cuando ya había sido adoptada la Resolución 0992.Para el juez, la participación ambiental no se limita a la convocatoria de reuniones. El proceso debe garantizar que las comunidades y la ciudadanía tengan acceso a la información relevante, cuenten con una oportunidad real para presentar propuestas y desacuerdos, que sus aportes sean valorados y que exista una explicación motivada sobre las razones por las cuales estos son aceptados o rechazados.El despacho también encontró problemas relacionados con el acceso a la información pública ambiental. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) informó al juez que, al consultar el sitio web institucional del Ministerio de Ambiente el 24 de agosto, más de dos semanas después de expedida la delimitación, no encontró publicada la Resolución 0992 ni sus documentos técnicos en el listado de normativa de la entidad. LEA TAMBIÉN La delimitación del páramo de Santurbán atraviesa varios conflictos socioambientales. Foto:Jaime MorenoA estos cuestionamientos se sumó el trámite de varias recusaciones presentadas contra funcionarios que participaron en el proceso. Durante el trámite judicial, el Ministerio informó que entre el 21 de julio y el 6 de agosto de 2026 fueron presentados varios escritos de recusación contra Irene Vélez, entonces ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible encargada, así como contra directivos técnicos vinculados con el proceso de delimitación.Según reconoció la propia entidad, las recusaciones no fueron tramitadas oportunamente y solo fueron remitidas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República el 13 de agosto, siete días después de que el Ministerio hubiera expedido la Resolución 0992.El Ministerio sostuvo ante el juez que, de acuerdo con los artículos 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, la actuación administrativa se encontraba suspendida desde la presentación de las recusaciones y hasta que estas fueran decididas. Incluso, la entidad señaló que la expedición de la Resolución 0992 durante ese periodo podría configurar una causal de revocatoria directa.Con base en estos elementos, el Juzgado Doce Administrativo de Bucaramanga determinó que también se había vulnerado el derecho al debido proceso administrativo y ordenó suspender los efectos de la Resolución 0992 mientras se resuelven las recusaciones pendientes y se adopta la actuación administrativa correspondiente.La decisión fue recibida por alcaldes, líderes sociales y comunidades de municipios ubicados en el área de influencia del páramo como un respaldo a las advertencias que habían planteado durante el proceso. LEA TAMBIÉN Vetas, en el municipio de Soto Norte, tiene 1.319 habitantes. Foto:Edgar OsmaAngélica María García, alcaldesa de Vetas, Santander, aseguró que las comunidades habían participado en más de 32 reuniones en las que, según explicó, realizaron revisiones técnicas con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Von Humboldt.“El Gobierno anterior, pese a que nosotros habíamos hecho un trabajo juicioso de más de 32 reuniones donde nos sentamos y revisamos tecnicamente con el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Von Humboldt, decidió desconocer los acuerdos del municipio de Vetas, y otros, sin un piso jurídico o técnico, sin acercarse a la comunidad, y solo como un capricho ideológico de ese Gobierno”, indicó García.La alcaldesa manifestó además su expectativa frente al nuevo Ministerio de Ambiente. “Tenemos la esperanza de que este nuevo Gobierno realice un proceso de participación más elaborado, reconozca los acuerdos a los que habíamos llegado en 2021 y 2022”, señaló.Los alcaldes y las comunidades cercanas al páramo plantearon que ahora el Ministerio deberá finalizar el proceso ordenado por la Corte Constitucional mediante la Sentencia T-361 de 2017, incluyendo a los 40 municipios de Santander y Norte de Santander y garantizando la participación de la ciudadanía.Para las comunidades de Vetas, California y otros municipios del área de influencia del Páramo de Santurbán, la tutela que dio origen al fallo volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones que habían expresado frente a lo que consideraban un avance apresurado, sorpresivo e irregular de una delimitación progresiva o parcial que, según ellos, desconocía el carácter participativo y deliberativo ordenado por la Corte Constitucional. LEA TAMBIÉN Fabio Arjona, ministro de Ambiente del Gobierno de Abelardo de La Espriella. Foto:Conservación InternacionalIvonne González, presidenta de la Asociación de Mineros de Vetas, también celebró la decisión judicial y cuestionó el procedimiento utilizado para expedir la resolución.“Celebramos esta decisión del Juez que definitivamente tumbó esta delimitación parcial que en 2023 el propio gobierno de Gustavo Petro, representado por Susana Muhamad, había dicho que no se podía hacer porque violaba una Sentencia de la Corte Constitucional, pero que Irene Vélez sacó a última hora a pesar de estar recusada. Incluso hasta hizo firmar a otro Ministro que también tenía impedimentos. Gracias a Dios y la Justicia hoy estamos tranquilos”, afirmó.EDWIN CAICEDOPeriodista de Medioambiente y Salud @CaicedoUcros Sigue toda la información de Vida en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
