El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por conmutada la pena de cuatro años y medio de cárcel por falsedad documental y prevaricación impuesta a la expresidenta de Junts y del Parlament, Laura Borràs, tras ser indultada por el Gobierno a propuesta de los propios jueces.
Así consta en un auto, emitido por el TSJC, en el que se cierra el trámite del indulto iniciado por los mismos jueces al condenar a Borràs hace tres años por haber fraccionado contratos públicos para beneficiar a un amigo.
Los magistrados plantearon al Gobierno la concesión de la medida de gracia al considerar que la pena impuesta a Borràs, la mínima permitida por la ley, era “notablemente excesiva” en comparación con el mal causado por su conducta delictiva.
A juicio de los magistrados, la entrada en prisión de Borràs no era necesaria “para evitar la comisión futura de nuevos delitos”. En otra palabras: estar inhabilitada para gestionar dinero público durante 13 años y pagar una multa de 36.000 euros es suficiente reproche penal para la exlíder de Junts.
El Consejo de Ministros siguió la petición de los jueces y, el pasado mes de julio, conmutó la pena de prisión de Borràs pero mantuvo el resto de la condena, lo que impedirá a la expresidenta del Parlament volver a la primera línea política o a un cargo público en la próxima década.
